PSOE entrega al juez un pen drive con pagos en efectivo de 2017 a 2024
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha entregado al juez de la Audiencia Nacional encargado del 'caso Koldo' un dispositivo pen drive que contiene el listado y los justificantes de todos los pagos realizados en efectivo a integrantes, empleados y simpatizantes del partido entre los años 2017 y 2024. Esta documentación se ha aportado en cumplimiento de una petición oficial emitida por el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, en el marco de la investigación sobre las finanzas internas de la formación.
La diligencia judicial indica que el tribunal recibió, por parte de la representación legal del PSOE, un sobre cerrado. En su interior se incluye tanto el escrito como la documentación digitalizada correspondiente, almacenada en el formato electrónico previamente solicitado por el juez. Esta medida se enmarca dentro de la decisión tomada el pasado noviembre, cuando el juez de la Audiencia Nacional optó por abrir una pieza separada centrada en el análisis de los pagos en efectivo realizados por el partido.
- La investigación judicial sobre pagos en efectivo
- Solicitudes y reservas sobre la documentación aportada
La investigación judicial sobre pagos en efectivo
La apertura de esta pieza separada fue consecuencia de la solicitud realizada por un magistrado del Tribunal Supremo, que participa también en la instrucción. Dicha instancia pretende esclarecer si José Luis Ábalos, exministro; y Koldo García, su exasesor, se habrían beneficiado de posibles deficiencias en los controles internos del PSOE durante la devolución de gastos anticipados. El objetivo radica en determinar si la supuesta falta de supervisión pudo facilitar operaciones de blanqueo relacionadas con fondos procedentes de actividades presuntamente ilegales.
Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción ha señalado la existencia de indicios de un posible delito de desfalco en perjuicio de la formación política socialista, además de otras irregularidades que aún se encuentran bajo investigación. Por esta razón, el juez instructor solicitó de forma expresa al PSOE la entrega detallada de la relación de pagos en metálico efectuados durante el periodo 2017-2024, así como toda la documentación justificativa que respalde dichos movimientos.
La petición del Juzgado Central de Instrucción Número 2 no especificaba limitaciones adicionales ni precisiones sobre el contenido concreto de los documentos solicitados. Esta circunstancia llevó a que la documentación entregada cubra todas las operaciones realizadas bajo la fórmula de anticipos retornados a dirigentes, empleados, militantes, simpatizantes y voluntarios desde el inicio del periodo establecido hasta la fecha del requerimiento.
Solicitudes y reservas sobre la documentación aportada
Según consta en el expediente judicial, el PSOE comunicó al magistrado su voluntad de colaborar plenamente con la investigación judicial, comprometiéndose a facilitar toda la información requerida. Sin embargo, la formación trasladó su preocupación por las posibles consecuencias jurídicas, procesales y personales que podría conllevar la entrega de la documentación íntegra solicitada. En su argumentación, advirtieron sobre las implicaciones relativas a la protección de datos personales y a la integridad de los implicados, ya que la documentación incluye datos exhaustivos de todos los gastos adelantados a favor del partido por parte de diferentes perfiles dentro de la organización.
En este sentido, los representantes legales del PSOE solicitaron que la información aportada fuera incorporada a una pieza secreta del procedimiento, limitando su acceso exclusivamente a los investigadores, el juzgado y la Fiscalía Anticorrupción. Esta solicitud se fundamenta en la notoriedad, según la formación, de que otras partes personadas en la causa, en concreto el Partido Popular (PP) y el resto de acusaciones, no siempre respetarían la obligación legal de reserva sobre este tipo de datos sensibles.
El procedimiento permanece en fase de instrucción y no se han divulgado de forma pública los detalles contenidos en la documentación entregada ni las posibles implicaciones futuras derivadas del análisis judicial de las operaciones registradas.
