Imputado en caso ataúdes: "¡Esto es una pillada, macho!" en pinchazo telefónico

En Valladolid ha salido a la luz una conversación telefónica registrada en febrero de 2019 durante una investigación de la Policía Nacional que sacó a la luz un presunto fraude en el cambio de ataúdes por parte del grupo funerario El Salvador. Este caso mantiene a 23 personas imputadas en el banquillo desde hace varios meses.

La charla, reproducida en la Audiencia de Valladolid a cargo del fiscal, presenta la voz de Santiago R.I., empleado aún activo del grupo, y José Antonio Morchón Alonso, uno de los acusados e hijo de Ignacio, fundador de la empresa y ya fallecido. La grabación tiene lugar el 2 de febrero de 2019, justo después de que la policía irrumpiera en las instalaciones durante la operación Ignis, cerrando una investigación sobre el eventual negocio ilegal del grupo entre 1995 y 2015, donde se habría reutilizado cerca de 6.000 féretros con un beneficio aproximado de cuatro millones de euros, que incluía también elementos como el reciclaje de motivos florales.

En esta conversación, José Antonio Morchón contacta a Santiago R.I. en la oficina de la calle Angustias. Expresa la gravedad de la situación calificándola como una “pillada” y anticipa que vendrán “meses muy difíciles”. Además, argumenta que la operación policial no surgió de una denuncia interna sino que “viene de interior”, e informa que ya habló con dos hijas del fallecido dueño, Rosi y Laura, y la necesidad de contratar abogados importantes en Madrid para afrontar la situación.

Santiago R.I., con 44 años en la empresa, ha declarado que esta situación le ha causado desconcierto, ya que nunca percibió ni sospechó de actividades ilícitas durante su trabajo en la oficina y atención al público. Negó la existencia de conflictos salariales pese a ser representante de los trabajadores y no recuerda una carta firmada en 2014 con otros delegados reclamando pagos atrasados o amenazas encontradas en documentos relacionados con Ignacio Morchón Vaquero, otra de las personas acusadas.

Quedó claro que el mando principal de El Salvador era Ignacio Morchón Alonso, mientras que su esposa María del Rosario y sus hijos tenían un papel secundario, incluso tras la jubilación del fundador, según testigos como Sonsoles R.R., responsable de incineraciones desde 2018, que seguía recibiendo instrucciones indirectas del empresario.

Manuel C., empleado del grupo con 33 años, recordó que Ignacio Morchón llamaba a los trabajadores “obreros” y mantenía estrictamente el control sin permitir injerencias de su esposa o hijos en la empresa. Describió a María del Rosario como una mujer dedicada al hogar. Este testigo también admitió vínculos familiares con la esposa del dueño.

Vendido un lote de 3.000 ataúdes defectuosos procedentes de China

En esta jornada también comparecieron como testigos Ignacio C.C., representante de una empresa valenciana de féretros, y Jesús V. de P., contable de empresas vinculadas a Victorio Senovilla, acusado de presunta falsificación de facturas para aparentar compras que nunca se realizaron.

Ignacio C.C. señaló que en 2010 vendieron cerca de 3.000 ataúdes procedentes de China con diversos defectos. Estos ataúdes no podían venderse tal cual y causaban problemas logísticos. Mediante intermediarios contactaron con Victorio Senovilla, quien adquirió el lote completo por 50 euros la unidad para su posterior reparación y comercialización.

El representante valenciano explicó que el precio bajo se debió al compromiso de llevarse todas las cajas, a las que se les aplicó una etiqueta de semi-elaboradas. Su testimonio busca desmentir las acusaciones relacionadas con proveedores que emitían facturas falsas para justificar el desajuste en el inventario de ataúdes.

Por su parte, el contable Jesús V. de P. negó que las empresas de Senovilla tuvieran doble contabilidad o que se le ordenara presentar datos falsos. Recordó que durante inspecciones tributarias en 2012 y 2013 actuó en representación de su cliente y no hubo sanciones o expedientes abiertos tras las revisiones por parte de la Agencia Tributaria.