30 años de la investidura de Aznar: de actos nacionalistas al "España va bien"
El próximo lunes 4 de mayo se cumplen tres décadas desde la investidura del primer gabinete presidido por José María Aznar, que en 1996 puso fin a casi catorce años de gobierno de Felipe González y abrió la senda hacia la adopción del euro. Su mandato, que se extendió durante dos legislaturas hasta el 17 de abril de 2004, se identificó con el lema “España va bien”.
Durante sus gobiernos, Aznar mantuvo pactos con los partidos nacionalistas, participó activamente en la introducción de la moneda única europea en 2002 y apoyó la Guerra de Irak en 2003, un punto que rechazó reprochar en la serie documental de Movistar Plus+ “La última llamada”. En relación con los atentados del 11M, defendió que su Ejecutivo ofreció la verdad en todo momento y consideró prioritario que las elecciones de 2004 se celebraran tal como estaban previstas.
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), liderada por Aznar, afirmó en un editorial con motivo del 30 aniversario de su llegada al poder que “España no está condenada a perderse. España estuvo bien y volverá a estar bien”.
- Pactos con los nacionalismos para la investidura
- El gobierno y sus ministros salpicados por casos de corrupción
Pactos con los nacionalismos para la investidura
Tras las elecciones del 3 de marzo de 1996, en las que el Partido Popular (PP) obtuvo una mayoría simple con 156 escaños, Aznar firmó acuerdos con fuerzas nacionalistas para asegurar su investidura. En la comunidad foral y en Aragón, el PP contó con el respaldo de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Aragonés (PAR), respectivamente. Además, estableció alianzas con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Convergencia i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC).
El respaldo de los cinco diputados del PNV se concretó el 30 de abril mediante negociaciones lideradas por Aznar y el entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz. En estos procesos, Jaime Mayor Oreja —futuro ministro de Interior— y Mariano Rajoy, quien asumió el Ministerio de Administraciones Públicas, jugaron papeles clave.
Los nacionalistas vascos demandaron avances en el Estatuto de Autonomía, con concesiones sobre Seguridad Social, manejo de impuestos especiales y otras materias. Aunque estas propuestas terminaron en una lista mínima de compromisos, se pactó iniciar un proceso de diálogo en torno a la Constitución regional.
Otras promesas incluyeron la posible reforma del concierto económico y el financiamiento para el ejercicio presupuestario siguiente, además del Acuerdo Interprofesional Vasco para la Formación Continua y la devolución a partidos políticos del patrimonio retenido desde la dictadura franquista.
Por otro lado, el 28 de abril en el Hotel Majestic de Barcelona, PP y CiU firmaron un acuerdo ratificado por el entonces president Jordi Pujol. El pacto contemplaba la transferencia de competencias en materia de tráfico laboral a la Generalitat y un nuevo modelo de financiación autonómica, que sería punto central de debate.
El modelo incluía asignar al 30% del IRPF un reparto a las comunidades autónomas en función de sus competencias y recursos. Esto se concretó poco después en un Proyecto de Ley para la cesión de tributos estatales y en la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Asimismo, se establecieron compromisos conjuntos para explorar transferencias penitenciarias, el desarrollo del modelo policial y temas relacionados con Trabajo, Empleo y Formación.
El respaldo de los cuatro diputados de Coalición Canaria se confirmó apenas un día antes de la presentación de Aznar ante el rey Juan Carlos I. Un acuerdo firmado con el presidente canario Manuel Hermoso aceptaba las condiciones previamente pactadas con CiU y PNV, asegurando así la formación de la VI Legislatura democrática española.
El gobierno y sus ministros salpicados por casos de corrupción
En la sesión de investidura, Aznar estuvo acompañado por 14 ministros, de los cuales casi la mitad han estado implicados como imputados o testigos en procesos judiciales relacionados con escándalos de corrupción como la trama Gürtel, las ‘tarjetas black’ de Bankia, la caja B del PP y los presuntos sobresueldos irregulares.
Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda durante las dos legislaturas de Aznar, fue director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2005 a 2007 y luego director de Bankia. Fue condenado en 2017 por su implicación en la red de apropiación indebida conocida como las ‘tarjetas black’. Durante la comisión de investigación sobre la crisis de Bankia, pronunció la frase: “Esto no es un saqueo, es el mercado, amigo”.
Mariano Rajoy, ministro de Administraciones Públicas en el primer gobierno de Aznar y presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, compareció recientemente como testigo en la causa 'Kitchen', vinculada a la presunta financiación ilícita del PP y la ilegal “caja B”.
Francisco Álvarez-Cascos, vicepresidente primero y ministro de Presidencia, fundó posteriormente el partido Foro Asturias y fue presidente regional. Fue investigado por supuesta apropiación indebida de fondos del partido, aunque terminó absuelto.
Otros ministros que dirigieron carteras como Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Fomento, Educación y Cultura, Industria y Energía, Agricultura, Sanidad y Medio Ambiente también formaron parte de ese primer gabinete de Aznar. Algunos de ellos, como Esperanza Aguirre y Josep Piqué, tuvieron trayectorias políticas destacadas fuera del Ejecutivo.
En la segunda legislatura, varios ministros fueron imputados o condenados por corrupción. Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, está siendo investigado por presuntas modificaciones legales en beneficio de empresas gasísticas clientes de su asesoría. Eduardo Zaplana, exministro y expresidente Valenciano, fue detenido en el marco de la 'Operación Erial' por presunto blanqueo y cohecho.
Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente entre 2000 y 2003 y expresident balear, fue condenado por el caso ‘Palma Arena’ relacionado con sobrecostes en la construcción de un velódromo, también vinculado a la investigación del ‘caso Nóos’.
Otros ministros relacionados con investigaciones son Ángel Acebes, implicado en la salida a bolsa de Bankia y compra irregular de acciones, y Federico Trillo, salpicado por los sobresueldos y por la gestión del accidente del Yak-42 en 2003, que causó 62 muertos.
Finalmente, Miguel Arias Cañete fue vinculado a pesquisas por el ‘caso Acuamed’, una causa de fraude en la empresa pública de aguas mediterráneas, además de aparecer en investigaciones por sobresueldos irregulares en el partido.
