La AN ordena a la UCO expurgar material de la casa de Leire Díez
- Registro y expurgo del material electrónico
- Solicitudes de la defensa y delimitación de la investigación
- Bloqueo de cuentas y limitaciones económicas
- Antecedentes del caso
- Acusaciones y operativo de la Guardia Civil
Registro y expurgo del material electrónico
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional (AN), ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el material incautado durante los registros realizados en diciembre en el domicilio de la exmilitante socialista Leire Díez. Esto forma parte de la causa secreta que investiga presuntas irregularidades en contratos vinculados a empresas públicas y entidades relacionadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Pedraz ha requerido la entrega de los dispositivos originales intervenidos, así como una copia de trabajo, para proceder con un expurgo del contenido. Asimismo, ha ordenado que los agentes de la UCO no utilicen la información de los dispositivos hasta que finalice este proceso. Se ha iniciado una pieza separada y reservada para tramitar las medidas demandadas en el expurgo.
Solicitudes de la defensa y delimitación de la investigación
La defensa de Leire Díez ha presentado al juez un escrito reclamando la devolución de los dispositivos electrónicos y la eliminación de cualquier información o documentación que no esté relacionada con el período investigado. Además, solicita levantar el bloqueo sobre ocho cuentas bancarias vinculadas a la exmilitante y familiares, argumentando la ausencia de vinculación con el caso.
Se insiste en garantizar el respeto al principio acusatorio y el derecho a un proceso con todas las garantías, para evitar que la investigación se convierta en una causa general sin hechos concretos claramente definidos. La defensa sostiene que la pesquisa debe mantenerse circunscrita a los hechos específicos inicialmente imputados, descartando investigaciones genéricas contra una persona o un ámbito profesional, empresarial o social, por muy graves que parezcan los hechos.
También se señala que la UCO cambió las contraseñas de los dispositivos incautados tras el registro, una medida considerada desproporcionada, ya que tanto el tribunal como los agentes pudieron acceder y realizar copias con las claves facilitadas voluntariamente por Díez y su esposo.
Bloqueo de cuentas y limitaciones económicas
La defensa ha reiterado la petición para levantar de inmediato el bloqueo sobre las ocho cuentas bancarias, señalando que no se ha detectado actividad sospechosa ligada al proceso. Se destaca que desde la orden de bloqueo no se ha permitido a los titulares atender gastos básicos, lo que ha provocado la devolución de recibos esenciales, entre ellos los de agua, luz, gas, hipotecas y seguros médicos. Tampoco se autoriza la retirada de sumas mínimas para alimentación.
Antecedentes del caso
Leire Díez fue detenida en diciembre junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso, cercano al exdirigente socialista Santos Cerdán. En ese momento se realizaron registros simultáneos en varias propiedades vinculadas a Díez. Los tres quedaron en libertad bajo medidas cautelares, que incluyen la retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.
Acusaciones y operativo de la Guardia Civil
La Audiencia Nacional emitió la orden de detención al considerar que los investigados podrían haberse apropiado de más de 700.000 euros a través de comisiones irregulares, supuestamente involucrando a empresas públicas y entidades dependientes de SEPI en cinco operaciones distintas.
Según el informe de la UCO, los tres formarían un grupo conocido como "Hirurok", que podría haber influido en diversas tramitaciones administrativas para obtener beneficios propios o para terceros, aprovechando su posición, sus relaciones y la capacidad de influencia sobre funcionarios públicos.
