Bruselas no intervendrá en desahucios en España y pide balance entre partes

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La Comisión Europea ha reafirmado su falta de competencia para intervenir en casos de impago de alquiler o en la ejecución de desahucios en España, ya que estos asuntos corresponden al Derecho nacional. Sin embargo, ha señalado la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos de los propietarios y los inquilinos, en respuesta a diversas peticiones analizadas durante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

El Ejecutivo comunitario ha destacado que la regulación sobre arrendamientos y las medidas respecto a desahucios son responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro. En consecuencia, corresponde a los países investigar dichas situaciones, asegurar la protección de los propietarios y aplicar, en su caso, las acciones legales pertinentes a través de sus tribunales.

En paralelo, la Comisión ha reconocido los problemas que enfrentan los afectados y ha indicado que, dentro del Plan Europeo de Vivienda Asequible presentado recientemente, se buscará identificar modelos y buenas prácticas para fortalecer la protección de los propietarios y balancear sus derechos con los de los arrendatarios.

  1. Divisiones políticas sobre el alcance del problema

Divisiones políticas sobre el alcance del problema

Las solicitudes fueron realizadas por la Plataforma de Afectados por la Ocupación en España, que cuestiona la prolongación de las medidas adoptadas durante la pandemia para suspender desahucios. La plataforma sostiene que estas acciones generan inseguridad jurídica y transfieren la carga de la protección social a pequeños propietarios.

Asimismo, han advertido de una disminución en la oferta de viviendas en alquiler y han puesto en evidencia el impacto financiero negativo en familias propietarias que, según denuncian, deben afrontar gastos mientras no recuperan el uso pleno de sus inmuebles.

En el debate parlamentario, la eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat, denunció la vulneración del derecho a la propiedad y exigió la implementación de medidas que aseguren desalojos "rápidos y efectivos". También solicitó que el Parlamento Europeo envíe una misión para evaluar la situación en España.

Por su parte, la eurodiputada socialista Murielle Laurent reconoció que es un problema real que afecta a los propietarios, pero recomendó analizar la cuestión con empatía y considerando el contexto más amplio de la crisis de vivienda. Subrayó que una parte importante de los desahucios está vinculada a situaciones de vulnerabilidad y a la falta de viviendas asequibles.

Desde Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé criticó la ausencia de protección para los propietarios e instó a endurecer las penas y acelerar los desalojos, calificando estas prácticas como una usurpación de la propiedad privada.

Tras el intercambio, la comisión de Peticiones decidió mantener abiertas las solicitudes y solicitar información adicional a la Comisión Europea. Además, acordó enviar una carta al Gobierno de España para obtener más detalles sobre la situación actual.