El Congreso decidirá el jueves sobre decretos de apoyo a víctimas y pensiones
El próximo jueves 26 de febrero, el Pleno del Congreso debatirá la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes presentados por el Gobierno. Estos textos incluyen ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la extensión del escudo social con la prórroga de la moratoria antidesahucios, la actualización de pensiones y la limitación de precios en productos y servicios en situaciones de emergencia.
Estos decretos, como es habitual, entraron en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros, pero deben ser ratificados o rechazados por el Congreso en un plazo de treinta días para su validez definitiva.
Ayudas a víctimas y tope de precios
El decreto que contempla las ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios establece cuantías que van desde 2.404 hasta 84.141 euros, dependiendo de la gravedad de los daños sufridos. Por otro lado, el decreto relacionado con el control de precios busca establecer límites en productos y servicios en situaciones extraordinarias, como las ocasionadas por los accidentes ferroviarios recientes o los fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía.
Este mecanismo otorga al Gobierno la facultad de fijar un precio máximo para un producto o servicio durante una emergencia, asegurando que no supere el valor registrado en los treinta días naturales previos al inicio de la situación declarada.
Debate sobre pensiones y escudo social
En paralelo, los diputados decidirán el futuro de los decretos que amplían la prohibición de desahucios para personas vulnerables y que actualizan las pensiones. Estas medidas fueron sometidas a votación hace menos de un mes en un único texto, el cual fue rechazado con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.
Los grupos que rechazaron aquella propuesta argumentaron que respaldan la revalorización de las pensiones, pero no la moratoria antidesahucios ni la suspensión de cortes en suministros básicos para los colectivos vulnerables. Ante estas objeciones, el Gobierno dividió el decreto en dos iniciativas separadas.
Adicionalmente, el Ejecutivo incorporó una modificación propuesta por el PNV en el decreto del escudo social, con el fin de que la protección contra desahucios no afecte a propietarios que posean una única vivienda destinada al alquiler. A pesar de esta revisión, PP, Vox y Junts mantienen su rechazo a dicha normativa.
