La falta de Presupuestos provocó el desvío de Fondos Europeos a las pensiones
Durante la presente legislatura, inédita por no contar con unos Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno para su aprobación parlamentaria, empiezan a manifestarse las limitaciones de una ejecución presupuestaria ideada hace tres legislaturas. Además, algunos arreglos aplicados para cubrir deficiencias comienzan a generar dudas sobre su legalidad. El Tribunal de Cuentas ha revelado que el Ejecutivo utilizó fondos europeos, inicialmente asignados a proyectos de recuperación económica, para sufragar parte del gasto en pensiones. En noviembre de 2024, se desviaron 2.389 millones de euros para el pago de pensiones de clases pasivas y complementos de mínimas, debido a la insuficiencia de crédito provocada por la prórroga presupuestaria vigente desde 2023.
Este hallazgo fue expuesto por el organismo fiscalizador en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024. El informe detalla que la falta de crédito adecuado para cubrir “compromisos ineludibles” relacionados con pensiones llevó a autorizar en noviembre de ese año dos modificaciones presupuestarias que sumaron 2.389 millones de euros, ambas financiadas con “créditos sobrantes” del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, parte de los fondos NextGen. Como argumento, el Gobierno afirmó que esto “no comprometía el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos”.
- Evaluación del Tribunal de Cuentas sobre el desvío de fondos
- Otros problemas detectados en la gestión financiera del Estado
Evaluación del Tribunal de Cuentas sobre el desvío de fondos
Aunque el Gobierno sostiene que el uso de estos fondos no pone en riesgo el cumplimiento del plan europeo, el Tribunal de Cuentas cuestiona los “fundamentos jurídicos que tendrían que haber quedado mejor justificados”. Se critica además la “incertidumbre” generada por la dudosa “aplicabilidad de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos” para financiar modificaciones presupuestarias fuera del servicio al que estaban inicialmente asignados.
Este es el primer caso en que el Tribunal señala directamente un desvío “injustificado” de fondos europeos, aunque ya alertaba en informes anteriores sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo. Reitera la existencia de un “importante déficit estructural” en el sistema de pensiones, exacerbado por la prórroga presupuestaria que mantiene la disponibilidad de fondos al nivel de 2023. En 2024, esta situación provocó una infravaloración neta en esta partida presupuestaria de 1.008,4 millones de euros.
Otros problemas detectados en la gestión financiera del Estado
El aumento de los créditos definitivos en 77.342 millones de euros en comparación con el presupuesto inicial se cubrió en un 95% mediante un aumento del saldo vivo de la deuda pública. Solo el favorable comportamiento de los ingresos permitió evitar que esas cifras fueran aun mayores. En este contexto, se resalta que el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social se mantiene en valores negativos por octavo año consecutivo, superando los 106.000 millones de euros.
El informe también revela “pagos pendientes de justificación o aprobación” que suman 1.627 millones de euros al cierre del ejercicio, excediendo los plazos establecidos legalmente. A ello se suman anomalías en los “inventarios de inmovilizado” de la Administración General del Estado y la “falta de registro contable de las aplicaciones informáticas” desarrolladas con recursos propios de la Seguridad Social.
En el ámbito de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social registran un déficit que alcanza 2.677,3 millones de euros. Además, se identifican problemas en la Cuenta General del Estado de 2024 relacionados con “deficiencias en los deudores y en sus correcciones valorativas”. Entre ellas destaca la sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios por 1.263 millones, así como la infravaloración de los deudores de la Seguridad Social, SEPE y Fogasa por un total de 2.643,9 millones de euros.
Según el Tribunal, estas irregularidades crean una sobreexposición en el resultado presupuestario consolidado de 4.090,3 millones, atribuida a una “incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos durante el ejercicio fiscalizado”. En definitiva, el informe subraya la existencia de desequilibrios significativos que afectan a la precisión financiera del Estado.
Esta Declaración sobre la Cuenta General del Estado fue aprobada con la presencia de un voto particular en contra y seis votos concurrentes explicativos, es decir, respaldos con reservas y disensiones.
