Conceden indulto a seis condenados por diversos delitos

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 13 de
Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 13 de

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, justo antes de la Semana Santa, la aprobación de indultos a seis internos condenados por diversos delitos, entre ellos estafa, delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y lesiones. La decisión se basa en los informes presentados por el tribunal que dictó la sentencia y la Fiscalía, considerando motivos de "justicia y equidad".

El primer indulto comunicado por el BOE corresponde a María Jesús Blanco Blanco, quien fue condenada por la Audiencia Provincial de León el 30 de diciembre de 2020 por un delito de estafa, con una pena de 21 meses de prisión y multa durante 7 meses con cuota de 6 euros, además de un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

En relación con el indulto, que abarca hechos juzgados entre 2010 y 2017, se valoraron los informes del tribunal y del Ministerio Fiscal. Durante la sesión del Consejo de Ministros, y a propuesta del ministro de Justicia Félix Bolaños, se concluyó que existen razones de justicia y equidad que justifican el indulto de las penas privativas de libertad pendientes, siempre y cuando Blanco no cometa delito doloso durante cuatro años a partir de la publicación del real decreto.

  1. Indultos por estafa
  2. Indultos por delitos contra la salud pública
  3. Indultos por tráfico de drogas y lesiones

Indultos por estafa

El Ministerio de Justicia también ha concedido el indulto a Daniela Castaño Agudelo, sentenciada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza por un delito continuado de estafa, con una condena de tres años de prisión por hechos cometidos en 2021. Se tomaron en cuenta los informes judiciales y fiscales para cancelar la pena privativa de libertad pendiente.

Indultos por delitos contra la salud pública

En la misma sesión, el Consejo de Ministros aprobó el indulto de Antonio Cucharero Morales, sentenciado por la Audiencia Provincial de Granada por un delito contra la salud pública. Su pena era de tres años y diez meses de prisión, con privación del derecho al voto durante la condena, multa de 100.000 euros y 71 días de arresto sustitutorio en caso de impago, por hechos ocurridos en 2017. El indulto condiciona la exención de pena a no cometer delito doloso en cuatro años.

Asimismo, Jesús David González Sariego, condenado por la Audiencia Provincial de Asturias por un delito contra la salud pública a tres años de prisión, inhabilitación para el voto durante la condena y multa de 35.041,73 euros, también recibió el indulto. La medida está sujeta a que no vuelva a delinquir dolosamente en un periodo de tres años desde la publicación del real decreto.

Indultos por tráfico de drogas y lesiones

El Consejo de Ministros respaldó el indulto de Natalia Diéguez Egea, condenada por la Audiencia Provincial por un delito de tráfico de drogas en la modalidad de causar grave daño a la salud, con pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para votar y multa de 625 euros. Los hechos datan de 2016 y 2017. El indulto establece como condición la ausencia de delitos dolosos durante dos años.

Finalmente, se otorgó un indulto a José Rodríguez Cortés, condenado por el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga por un delito de lesiones, con pena de un año y seis meses de prisión, así como prohibiciones de acercarse o comunicarse con la víctima durante varios años. También fue condenado por un delito de amenazas con pena de un año de prisión y prohibición similar. El indulto se concede basándose en los informes judiciales y fiscales, con la condición de no reincidir en ilícitos dolosos durante tres años.