El Juzgado procesa al exalcalde de Cádiz 'Kichi' por posible prevaricación administrativa
Procedimiento abreviado contra el exalcalde de Cádiz
El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha decidido continuar con el trámite del procedimiento abreviado contra el exalcalde José María González 'Kichi', debido a la actuación de un asesor contratado por el Ayuntamiento en 2018, cuya incorporación se realizó “sin ajustarse a la legalidad y con el objetivo de otorgarle competencias no contempladas en la normativa, desplazando las funciones legítimas de los funcionarios municipales”.
El auto, al que tuvo acceso Europa Press, incluye en el proceso a David Navarro (exconcejal del Área de Personal), José Vicente Barcia (exjefe de Gabinete de Alcaldía), José Ramón Páez (asesor de Alcaldía en ese momento), Laura Jiménez (exconcejala Delegada del Servicio de Turismo) y al propio asesor cuya incorporación derivó en la denuncia presentada por CCOO.
Según consta en la resolución, entre el 18 de abril de 2018 y el 14 de abril de 2019, los acusados, “actuando de manera coordinada”, acordaron que el asesor —que no era funcionario público ni personal laboral ni eventual, sino asesor del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede— operara en el área de contratación con la apariencia de personal eventual asignado por el gobierno municipal.
El auto añade que “la designación como asesor municipal y la asignación de funciones se efectuaron sin respetar las normas legales y con la intención de atribuirle facultades no previstas, limitando las responsabilidades legítimas de los funcionarios públicos”.
Para tal fin, se le facilitó un despacho en instalaciones municipales, que compartía con personal eventual y plantilla del Ayuntamiento, detalla el Juzgado. Con esta situación ficticia, y con la cobertura de los investigados, el asesor accedía a los expedientes de contratación y daba órdenes obligatorias a los funcionarios de carrera, quienes debían seguir sus instrucciones respaldadas públicamente por los investigados.
Entre las evidencias recopiladas figuran correos electrónicos donde el asesor interactúa con concejales, asesores y otros miembros municipales, brindando directrices sobre pliegos. En uno de los mensajes enviaba a una funcionaria indicaciones sobre un pliego relacionado con la recogida de residuos señalando: “me tomo la licencia de mandarte un correo para recordártelo otra vez”, junto con criterios de valoración.
El auto concluye, en línea con el informe del Ministerio Fiscal del 3 de junio de 2025, que existen indicios basados en informes policiales y testimonios que atribuyen al exalcalde, su jefe de Gabinete, el asesor y dos concejales una posible participación en un delito de prevaricación administrativa.
Cabe destacar que, en este mismo procedimiento, el exalcalde declaró el 24 de junio de 2024, asegurando que todo se hizo “con estricto acatamiento a la legalidad y con conocimiento de lo autorizado y prohibido”, afirmando que se encuentran “absolutamente tranquilos porque todas las acciones fueron en beneficio de la ciudad”, y negando además que el asesor “diera órdenes” a los funcionarios.
