Órgano de protección a informantes de corrupción recibe 600 denuncias en nueve meses y ampara a 32 personas
- AIPI y la evolución de las comunicaciones
- Presupuesto y personal
- Retos y coordinación territorial
- Protección y legislación
AIPI y la evolución de las comunicaciones
Manuel Villoria, presidente de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI), reclamó en el Congreso un sistema uniforme de canales seguros y confidenciales por todo el territorio español, ya que siete comunidades autónomas aún carecen de ellos.
Desde que esta entidad empezó a funcionar en septiembre, las comunicaciones recibidas han crecido notablemente, superando las 600 en sus primeros nueve meses, frente a las 174 recibidas hasta diciembre de 2025. De estas, un tercio fueron anónimas y el 15% incluyeron solicitudes de protección, de las cuales se entregaron 17 certificados de protección sobre 26 peticiones y actualmente hay 43 solicitudes en trámite, con 32 protegidos en total.
La AIPI ha identificado cinco casos con posibles represalias o incumplimientos de la confidencialidad, procediendo a actuar sancionadoramente, aunque aún no se han impuesto sanciones por falta de tiempo para garantizar su rigor.
Presupuesto y personal
Un 55% de las denuncias hasta enero correspondían a hechos que podrían constituir infracciones penales o administrativas graves o muy graves. Además, un 26% procedían del sector privado, un 25% del sector público estatal, un 9% del sector público autonómico y un 7% del ámbito público local.
Entre los desafíos pendientes está la implementación completa de apoyos financieros y psicológicos para los informantes. Mientras no se disponga de un presupuesto propio, el apoyo psicológico se ha facilitado mediante la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos. Se enfatiza la necesidad de un presupuesto autónomo que garantice la independencia del órgano y cuente con personal adecuado.
Actualmente, la AIPI opera con un presupuesto provisional del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, una situación que se prevé cambiará luego del 30 de junio de 2026. De los 18 puestos creados, 14 han sido cubiertos por funcionarios. El debate político ha surgido por la estructura de estos cargos y la posible influencia del Ministerio de Justicia, algo que Villoria ha descartado.
Retos y coordinación territorial
Villoria negó toda injerencia gubernamental y afirmó que la selección del personal se realiza bajo criterios de absoluta objetividad y libre designación para evitar riesgos de filtración o uso indebido de datos. Actualmente, solo existen tres personas en el Departamento de Protección e Investigación, lo que no resulta suficiente para asumir la carga que implica cubrir las competencias en todas las comunidades.
De momento, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Euskadi y Asturias disponen de órganos propios de protección al informante. Sin embargo, regiones como Extremadura, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla aún no cuentan con estos mecanismos, haciendo imprescindible la firma urgente de convenios para evitar sanciones europeas por la falta de protección en esos territorios.
Asimismo, Villoria defendió la continuidad de la AIPI con sus competencias actuales dentro de la futura Agencia Independiente de Integridad Pública, insistiendo en que para combatir la corrupción no solo se requieren leyes, sino también organismos independientes y procedimientos efectivos que garanticen la seguridad y ausencia de represalias para los informantes.
Protección y legislación
El presidente de la AIPI urgió una mejora legislativa para adaptar la Ley de Protección al Informante a la directiva europea. Entre las propuestas destaca la extensión de protección a personas que reporten delitos ante otros órganos como la Fiscalía, juzgados de guardia o fuerzas de seguridad, y la eliminación del límite temporal de dos años para recibir protección, ya que la directiva europea no establece un plazo máximo.
También se insistió en que no deberían quedar excluidas de protección aquellas personas cuyas denuncias fueran rechazadas por los canales internos. Para asegurar una protección efectiva e inmediata, se planteó la adopción de medidas cautelares contra represalias, incluyendo la posibilidad de suspender actos retaliatorios y la obligación de indemnizar a las víctimas de represalias, además de fomentar mecanismos de mediación para evitar conflictos entre denunciantes y denunciados.
La memoria anual alerta sobre la limitación actual de la ley, que solo protege infracciones administrativas graves o muy graves, dejando fuera casos de mala gestión o derroche que, según Villoria, también deberían ser contemplados. Igualmente, propone ampliar la protección a quienes gestionan información relacionada con posibles casos de corrupción y a quienes comunican irregularidades en el ejercicio de sus funciones profesionales, como interventores y letrados.
