Otros 6 altos cargos de Sánchez son imputados por la trama Leire
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 y encargado del proceso que se sigue a la supuesta trama corrupta vinculada con Leire Díez, ex militante del PSOE, ha sumado siete nuevas imputaciones a las ya existentes. A estas se unen el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar.
Mientras que estos últimos tres fueron arrestados en diciembre, según indica OKDIARIO, hay siete imputados más vinculados a altos cargos en empresas públicas bajo el control del Gobierno de PSOE y Sumar, actuando como intermediarios en ENUSA, Mercasa, PEPA y SEPIDES. La causa permanece bajo secreto de sumario.
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostienen que este grupo habría manipulado hasta cinco contratos públicos valorados en 132,9 millones de euros. Los beneficios de estas operaciones se habrían destinado a inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca.
Estos hechos fueron aceptados por el juez de guardia de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, quien decidió liberar a los arrestados con medidas cautelares, siguiendo la petición del Ministerio Fiscal, que descartó la prisión preventiva durante la vista.
La organización investigada se identificaba como Hirurok, un término vasco que significa «nosotros tres», sugerente de una estructura cerrada y coordinada. Según la UCO, sus miembros actuaron de forma conjunta para favorecer a ciertos contratos y rescates públicos a cambio de comisiones ilegales que se habrían blanqueado mediante inversiones en mercados inmobiliarios de lujo.
Este caso despierta especial interés por la imputación de personas fuera de la Administración pública. Siete de los nuevos imputados han comparecido con abogado y procurador. Estos directivos pertenecen a empresas públicas como ENUSA, SEPI, Mercasa, el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) y SEPIDES.
Implicación de Enusa y Acciona en los contratos
Entre las cinco operaciones investigadas destaca una relacionada con ENUSA y la multinacional Acciona. Según una diligencia del Juzgado Central de Instrucción número 6, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Acciona mostraba interés por obtener dos explotaciones licenciadas por ENUSA: una planta incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.
Es relevante la experiencia de Leire Díez como directora de comunicación en ENUSA entre 2018 y 2021, puesto desde el que habría adquirido un conocimiento detallado de la empresa y sus procesos de contratación. Durante ese tiempo trabajó junto a Charo Arévalo, una ex consejera socialista en Castilla-La Mancha con quien mantuvo una relación conflictiva debido a su carácter complicado.
Para llevar a cabo la operación, varios directivos de ENUSA con los tres investigados diseñaron, según la UCO, «un plan para viabilizar esta operación y, además, obtener un rédito económico». La estrategia consistió en contratar al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes SLP para justificar jurídicamente la operación, introduciendo sobrecostes equivalentes al 50 % del valor del contrato.
Estos fondos se habrían transferido a sociedades vinculadas a Hirurok. En este contexto, la UCO ha registrado pagos realizados por el despacho de abogados a Mediaciones Martínez, la empresa que habría servido para canalizar las comisiones ilegales, por un total de 17.545 euros, IVA incluido.
Los contratos sospechosos en el centro de la causa
La UCO ha identificado cinco operaciones presuntamente fraudulentas. La de mayor importe corresponde a un rescate aprobado por el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas de la SEPI a favor de Tubos Reunidos, un fabricante vasco de tubos de acero, por 112,8 millones de euros. Esta ayuda se concedió en junio de 2021 tras un 2020 con pérdidas superiores a los 100 millones.
Además de esta, se suman la adjudicación de Mercasa a Servinabar, un contrato de ENUSA a Residuos de Melilla (Remesa), la concesión del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) a Erri Berri por 2,8 millones, con una comisión ilegal estimada en 400.000 euros, y una ayuda de SEPIDES a Forestalia Arapallet por 17,32 millones, de la que se habrían extraído 200.000 euros en comisiones.
El origen de esta investigación se encuentra en el conocido como caso Koldo. La Guardia Civil halló en el teléfono de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, información clave que desencadenó la operación.
El Gobierno permitió que el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, se uniera a Servinabar en mayo de 2021, tras haberle mantenido su puesto durante 18 meses. La Oficina de Conflictos de Intereses autorizó esta incorporación sin objeciones aparentes, un aspecto que actualmente podría recibir un examen pormenorizado en la instrucción.
El juez Pedraz, que también instruye el caso sobre hidrocarburos contra Víctor de Aldama y posiblemente contra José Luis Ábalos, concentra en su juzgado dos de las investigaciones más relevantes que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. La denominada trama Leire se perfila cada vez más como una amenaza para la estabilidad de La Moncloa.
