Pano: los 90.000 en Ferraz eran de Villafuel; Aldama habló del sobre de Delcy
La investigación sobre la presunta trama en el sector de los hidrocarburos sigue sumando declaraciones y matices que pueden cambiar el foco del caso. En el centro aparece la gestión de una licencia para operar en el mercado mayorista y el rastro de dinero en efectivo que, según una de las investigadas, terminó en una sede política.
El impacto de este tipo de causas va más allá de los nombres propios: afecta a la confianza pública y a la necesidad de controles eficaces en la administración. Por eso conviene seguir de cerca cada comparecencia y exigir claridad en los hechos.
En Madrid, y bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, las versiones aportadas por las personas citadas dibujan un relato con intermediarios, reuniones en ministerios y documentación que, según se afirma, circuló por canales no habituales.
- Entrega de dinero y origen de los 90.000 euros
- Mención al sobre y la documentación citada
- Reunión en Industria por la licencia de Villafuel
- Semana de citaciones y línea de la UCO
Entrega de dinero y origen de los 90.000 euros
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La empresaria Carmen Pano declaró este viernes en la Audiencia Nacional, en calidad de investigada, que los 90.000 euros que asegura haber llevado a la sede del PSOE procedían de Claudio Rivas, propietario de la compañía de hidrocarburos Villafuel. Según su versión, la entrega se realizó en dos ocasiones, con 45.000 euros en cada tanda.
De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas, Pano ratificó ante el instructor, Santiago Pedraz, que el dinero pertenecía a Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa junto a Víctor de Aldama como presuntos cabecillas del conocido como “caso hidrocarburos”.
En la misma jornada también fue interrogada Leonor González, hija de Pano, quien afirmó no mantener relación con la presunta trama de fraude fiscal vinculada al sector.
Mención al sobre y la documentación citada
Durante la comparecencia, Pano fue preguntada por el sobre de PDVSA al que aludió Aldama en sede judicial. Sobre ese punto, indicó desconocer si el contenido guardaba relación con una supuesta financiación del PSOE, aunque señaló que Aldama comentó que se le había entregado documentación, sin aportar más detalles.
Además, Pano manifestó que Aldama le había mencionado haber recibido un sobre, extremo que el presunto conseguidor del “caso Koldo” vincula a una presunta financiación irregular de los socialistas.
Reunión en Industria por la licencia de Villafuel
Pano situó otro episodio relevante en una reunión celebrada en el Ministerio de Industria en diciembre de 2020. El encuentro, según explicó, trató sobre la licencia de operador de hidrocarburos que Villafuel buscaba obtener, y en él habría participado Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto.
Díaz Bidart ya reconoció en mayo, como testigo en el Tribunal Supremo, que acudió a esa reunión, aunque dijo no recordar con quién se reunió. Según su declaración, la asistencia se produjo a petición de Koldo García, en ese momento asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
En ese contexto, Díaz Bidart afirmó que Koldo García estuvo al inicio del encuentro para presentar a los empresarios y que después se marchó. Sin embargo, Pano sostuvo que permaneció durante toda la reunión y añadió que el excargo de Industria pidió que la documentación relativa a la licencia de Villafuel se entregara a Koldo para que este, posteriormente, se la hiciera llegar a él.
Semana de citaciones y línea de la UCO
La semana estuvo marcada por varias citaciones acordadas por el juez Pedraz. Fueron llamados a declarar Díaz Bidart y Marc Pons —que no pudo acudir—, jefes de gabinete de las exministras Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. También fueron citados Claudio Rivas, que optó por no declarar, además de Aldama, Pano y su hija.
En la agenda judicial figuraron igualmente Manuel García, director general de Política Energética y Minas; Manuel Salles, administrador de una empresa; y Álvaro Gallego, que pudo estar vinculado a 108.500 euros retirados en efectivo.
Según la UCO, Rivas habría actuado junto a Aldama como presunto cabecilla de la trama, indicando que ambos “ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”. En su último informe incorporado a la causa, los investigadores sostienen que la trama no solo habría logrado acceso a la cúpula de Transportes en la etapa de Ábalos, sino también a las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces dirigidas por Maroto y Ribera.
La Guardia Civil atribuye esa posible infiltración a Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con el objetivo de influir en la resolución administrativa que concedería a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista, pese al supuesto incumplimiento de los requisitos exigidos, y “todo ello a cambio de una contraprestación económica”. Mantener la atención en estos pasos procesales resulta clave para reclamar transparencia y depuración de responsabilidades si los hechos se confirman.
