"Villarejo trató de neutralizar a empresarios mediante sobornos"
En un juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional, se conoce que el excomisario José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo son acusados de orquestar un intento de desactivar a los empresarios Luis Pérez Gil y Joaquín Molpeceres. Se presume que Villarejo y Redondo buscaron crear problemas para los hombres de negocios, tales como encontrar cuentas bancarias en el extranjero o posibles actos de corrupción en el Puerto de Denia, según el testimonio de un agente de la Policía Nacional en el juicio por el denominado 'Proyecto Grass'. Lucas Vázquez, el agente que testifica, ha sido identificado por la Fiscalía como el investigador principal a nivel policial del polémico caso.
Villarejo, quien ya está jubilado y Redondo, junto con el empresario Antonio Erico Chávarri, se encuentran en juicio por supuestos actos de espionaje empresarial. En el año 2012, Chávarri, cuya empresa Acisclo Gestión de Patrimonios se hallaba en concurso, presuntamente contrató al excomisario y su socio por una suma superior a los 400.000 euros. La contratación se habría hecho con el objetivo de investigar las presuntas actividades ilegales llevadas a cabo por Pérez Gil, que actuaba como administrador en el proceso de concurso y Molpeceres, quien era el principal acreedor.
Las pruebas presentadas
El agente Vázquez declaró ante la Fiscalía que en los informes de CENYT -empresa de Villarejo- se menciona que Pérez Gil podría estar recibiendo dinero en efectivo de otros concursados, dinero que después ingresaría en cuentas opacas en Andorra o Liechtenstein. Paralelamente, algunos informes sugieren posibles pagos a jueces de lo mercantil para obtener más concursos de acreedores.
En relación a Molpeceres, se sugieren posibles casos de corrupción en el Puerto de Denia así como la entrega de maletines en Madrid. Las pruebas presentadas por el agente indican la documentación y los informes de CENYT, audios de reuniones entre Villarejo, su socio y Echávarri, y notas manuscritas de Villarejo. Según explicó Vázquez, las pruebas "casan totalmente", constatando que los informes coinciden en fechas con lo que se dijo en los audios y lo que se anotó manualmente.
Acusación de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una sentencia de 12 años de prisión para Villarejo por supuestos delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, según un escrito de acusación revisado por Europa Press. En cuanto a Redondo, también se dirige una acusación que solicita 4 años y 6 meses de reclusión por cohecho pasivo y falsedad en documento mercantil. Por su parte, Chávarri afronta 7 años de cárcel por los mismos presuntos delitos.
Detalles de la Investigación
El escrito de la Fiscalía detalla que Chávarri pagó entre 2012 y 2014 a CENYT y a Stuart & Mckenzie, ambas integradas en Grupo CENYT y cuyo propietario efectivo era Villarejo, un total de 411.400 euros. Según Vázquez, el desglose de esta cantidad incluye "una provisión de fondos de 90.000 euros", y un monto de 250.000 euros vinculados al "éxito" del trabajo, totalizando 411.400 euros en pagos efectuados entre abril de 2013 y enero de 2014.
La defensa de Echávarri, a cargo del abogado Mauro Jordán, preguntó si se había investigado sobre los movimientos en estas cuentas. A esto, Vázquez respondió que no, ya que el empresario no era objeto de la investigación. Jordán sugirió que la información sobre las cuentas en el extranjero "era algo que Villarejo había inventado". El juicio continuará este martes a las 11 de la mañana en la Audiencia Nacional con la declaración de más testigos.
