Sumar busca eliminar la prescripción de abusos a menores en instituciones
El PSOE propone que la imprescriptibilidad se limite únicamente a los delitos sexuales contra menores que lleven penas superiores a 10 años de prisión, restringiendo así su aplicación a los casos de mayor gravedad penal.
Por su parte, Sumar plantea ampliar la imprescriptibilidad en supuestos específicos, centrados en abusos sistemáticos o cometidos en el seno de instituciones u organizaciones, buscando que todos estos actos graves y reiterados no prescriban.
Estas posturas surgen en el marco de la tramitación en el Congreso de la Proposición de Ley Orgánica que modifica los plazos de prescripción para delitos sexuales contra menores, iniciativa que fue presentada por el Parlamento de Cataluña y admitida a trámite en 2024.
El objetivo de esta reforma es garantizar que los delitos sexuales graves cometidos por adultos contra menores no prescriban, o al menos que su prescripción sea suficientemente amplia para permitir denunciar estos hechos hasta que la víctima alcance la edad establecida.
Enmiendas de los distintos partidos
Sumar propone modificar el artículo 131 del Código Penal para que los delitos sexuales contra menores no prescriban cuando formen parte de planes sistemáticos contra colectivos vulnerables o se hayan cometido de manera continuada en instituciones u organizaciones, indicando que en estos casos no prescriban ni siquiera los delitos de terrorismo que causen muerte.
Además, establece que en supuestos fuera de estos, el plazo de prescripción comenzaría a contar cuando la víctima cumpla 45 años, manteniendo un margen para que se puedan presentar denuncias con posterioridad a los hechos.
En contraste, el PSOE filtra la imprescriptibilidad atendiendo a la gravedad penal, limitándola a aquellos delitos cuya pena máxima supere la década de prisión, evitando que se aplique de manera generalizada a todos los abusos sexuales contra menores.
Otros grupos parlamentarios también han presentado sus enmiendas. El PP, por ejemplo, sugiere incluir el término "indemnidad sexual" en el título de la ley para precisar el ámbito de protección.
Vox propone plazos de cancelación de antecedentes penales de diez años para agresiones sexuales contra menores y personas vulnerables, además de tipificar como delito cualquier conducta que fomente o facilite que menores participen en actos sexuales, incluso si es mediante la difusión o justificación.
El PNV pide que el plazo de prescripción empiece a contarse desde los 35 años de la víctima, o desde su fallecimiento si ocurre antes, con excepción de delitos graves con penas superiores a 15 años, donde el plazo comenzaría a los 40 años.
Podemos defiende ampliar el plazo de prescripción a que se compute a partir de los 50 años de la víctima en casos de delitos graves.
Por último, ERC aboga por iniciar el cómputo a partir de los 45 años, introduce el delito de tortura en el texto y modifica algunas leyes relacionadas con el matrimonio civil, mientras que el BNG propone la no prescripción para delitos con penas máximas de tres años o más cuando la víctima sea menor.
