Hacienda incrementa la asistencia a las víctimas de Adamuz

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto-ley que mejora las prestaciones de la Seguridad Social para quienes resultaron afectados por los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gelida en enero de 2026. Asimismo, se crea una línea de financiación específica en el mecanismo extraordinario destinado a las comunidades autónomas para cubrir gastos relacionados con la DANA y otras catástrofes naturales. Además, las ayudas proporcionadas por entidades como Cáritas a los damnificados por la DANA no estarán sujetas a tributación en el IRPF.

Este decreto incorpora medidas para apoyar a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), otorgándoles la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo durante el proceso de incapacidad temporal por el siniestro. Esto permitirá que tanto trabajadores por cuenta propia como ajena reciban mejores beneficios en las prestaciones económicas de la Seguridad Social, sin exigencia de periodo mínimo de cotización.

Para ejemplificar, una persona con una base reguladora cercana a 2.100 euros al mes podrá incrementar su prestación mensual desde 1.333 euros el primer mes hasta cobrar el 100% de aquella, es decir, 2.100 euros. Este régimen especial también aplicará a personas con pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, o incapacidad parcial permanente derivadas del accidente. De igual modo, quienes perciban pensiones de viudedad y orfandad podrán beneficiarse de cálculos basados en las normas de accidentes laborales siempre que les resulte más favorable.

  1. Financiación para DANA y catástrofes naturales
  2. Ayudas exentas en IRPF

Financiación para DANA y catástrofes naturales

El Real Decreto-ley también renueva las medidas relacionadas con la ayuda a las comunidades por la DANA que afectó a Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Se establece para 2026 una línea específica dentro del Mecanismo Extraordinario de Financiación destinada a cubrir estos gastos, lo que permitirá movilizar cerca de 1.300 millones para la Comunitat Valenciana. Esta línea ya fue impulsada previamente, aunque rechazada en el Congreso, y ahora se retoma con un llamado a la sensibilidad parlamentaria para su aprobación.

Se recuerda que en 2024 y 2025 ya se habilitó esta línea, con un total asignado de 3.064 millones para esta comunidad, de los cuales se utilizaron 1.600 millones. Además, la normativa contempla que Extremadura pueda obtener recursos del mismo mecanismo para afrontar el impacto económico de las recientes inundaciones.

En apoyo a los ayuntamientos, el Ministerio de Hacienda indica que los gastos relacionados con la DANA quedarán excluidos del cómputo para el cumplimiento de las reglas fiscales. Esto implica que no deberán elaborar planes económico-financieros ni estos gastos contarán para la Ley de Estabilidad.

Ayudas exentas en IRPF

El decreto establece que las donaciones hechas por entidades sin fines lucrativos a personas perjudicadas por la DANA, como Cáritas, quedarán exentas de tributación en el IRPF. Esta disposición busca equiparar el tratamiento fiscal de estas ayudas con las que empresas otorgan a sus empleados y familiares afectados, las cuales ya estaban exentas.

También se confirma que las ayudas para los afectados por la DANA entregadas por la Comunitat Valenciana estarán libres de tributación en el IRPF durante 2026, reforzando la seguridad jurídica de una medida interpretada favorablemente en la declaración de la renta de 2025, pese a que en enero pasado el Real Decreto-ley que la incluía no fue convalidado.

Por último, se recupera la exención en el IRPF para las ayudas recibidas por daños personales derivados de los graves incendios forestales que sufrieron amplias zonas del país durante el verano pasado, una disposición también suspendida en el Congreso y que resulta clave para brindar apoyo económico efectivo a los afectados.