Hacienda envía a las comunidades el borrador del nuevo sistema de financiación autonómica
- Reforma del sistema de financiación autonómica
- Incremento de la cesión de impuestos
- Ajustes en la población ajustada
- Novedades en la gestión tributaria
Reforma del sistema de financiación autonómica
El Ministerio de Hacienda ha enviado a las comunidades autónomas el borrador que recoge la propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, tal como han confirmado fuentes oficiales del departamento encabezado por Arcadi España.
Se ha convocado una reunión técnica para el próximo 14 de julio con el fin de debatir el documento enviado, y posteriormente, el día 29, se llevará a cabo un encuentro con los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El ministro Arcadi España ha señalado que el Ministerio permanece abierto al diálogo con las comunidades, a través de llamadas o reuniones, para resolver consultas previas a la sesión del Consejo de Política Fiscal del 29 de julio. También ha indicado que se están estudiando diversas propuestas de algunas comunidades para integrarlas en el proyecto.
El objetivo es que, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el proyecto se remita a aprobación en el Consejo de Ministros y, posteriormente, al Congreso de los Diputados, para que entre en vigor en 2027.
Incremento de la cesión de impuestos
En caso de que esta reforma se implemente en 2027, las comunidades autónomas recibirán aproximadamente 20.975 millones de euros adicionales respecto al modelo actual, alcanzando una financiación total estimada de unos 224.500 millones de euros. Esto superaría ampliamente los 152.484 millones recibidos en 2023, año base para calcular las necesidades financieras.
Dentro de las medidas propuestas, se incluye un aumento en el porcentaje cedido a las comunidades sobre el IRPF, pasando del 50% al 55%, y del IVA, que subiría del 50% al 56,5%.
Ajustes en la población ajustada
El modelo plantea una reformulación del concepto de población ajustada, que calcula el número de habitantes de cada comunidad ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades financieras de cada territorio.
Según el Ministerio, esta revisión reduce en un 50% las diferencias en financiación por habitante ajustado entre comunidades en comparación con el sistema vigente.
Entre las modificaciones, se amplía la población protegida de siete a veinte grupos, y se modifica el cómputo en el área educativa, incluyendo indicadores como la población de 18 a 24 años cursando estudios universitarios o formación profesional, junto con estudiantes universitarios que se desplazan entre comunidades autónomas.
Además, en servicios sociales se introducen dos franjas de edad (65-79 años y mayores de 80), y se incorpora un nuevo indicador con un peso del 1,5% que contempla el número de personas desempleadas sin prestación social.
Otros factores considerados para ajustar los costes de prestación de servicios incluyen la superficie, dispersión, insularidad y costes fijos, reconociendo las limitaciones de algunas comunidades para conseguir economías de escala por su baja población.
Novedades en la gestión tributaria
En materia fiscal, la reforma incorpora al sistema impuestos como el de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto por depósito de residuos en vertedero.
Se introduce un sistema voluntario de caja compartida para aquellas comunidades autónomas que deseen que los ingresos del IRPF se reciban simultáneamente tanto por la Administración central como por la autonómica. La participación en este sistema se notificará en la comisión mixta Estado-CCAA y tendrá una duración de cinco años.
Está prevista una negociación para adelantar los plazos de liquidación y se trabajará en un nuevo modelo de gestión conjunta del sistema tributario entre la Agencia Tributaria y las haciendas autonómicas. El objetivo es que las comunidades asuman mayor responsabilidad en la gestión de los impuestos cedidos, coordinándose con la Administración estatal.
