Adif reporta 409 denuncias por robo de cable en seis meses, supera anual
Adif ha reportado 409 denuncias relacionadas con la sustracción de cables en la red ferroviaria durante el primer semestre de 2026, cifra que supera la mayoría de los registros anuales desde 2018, a excepción de 2025, cuando se registraron 462 denuncias en todo el año.
La empresa pública indica en un comunicado que la extracción de estos cables, esenciales para la operación ferroviaria, ocasiona daños importantes al servicio. La afectación se produce en varios sistemas empleados para la gestión del tráfico ferroviario y repercute de forma crítica en un servicio público fundamental.
Los robos de cableado asociado a la electrificación o a equipos de señalización y telecomunicaciones provocan consecuencias que van más allá del valor económico, ya que su reposición debe ser rápida para restaurar el funcionamiento completo de las instalaciones y garantizar la seguridad. Esto conlleva interrupciones parciales o totales en la circulación, generando retrasos y molestias a los usuarios.
Evolución de los robos de cables
Adif reporta que, tras un descenso progresivo en denuncias entre 2018 y 2020, pasando de 206 a un mínimo de 121, el número de casos empezó a aumentar. En 2021 se presentaron 279 denuncias, elevándose a 392 en 2022, y descendiendo ligeramente durante 2023 y 2024 con 360 y 345 casos respectivamente. En 2025 se alcanzó el máximo con 462 denuncias, y en solo seis meses de 2026 ya se registró un nivel cercano al del año anterior completo.
Zonas más afectadas
Desde 2018, las comunidades autónomas con mayor cantidad de denuncias son Cataluña (27,7%), Aragón (13,3%), Andalucía (11,6%), Comunidad de Madrid (9,4%) y Castilla-La Mancha (7,3%). En lo que va de 2026, Cataluña lidera con el 37,8% de los casos, seguida por Aragón (23,1%), el País Vasco (7%) y Castilla-La Mancha (6,2%).
Propuesta de endurecimiento de penas
Frente a esta situación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible plantea una reforma del artículo 240 del Código Penal para agravar las sanciones por el robo de cables y otros componentes de la infraestructura ferroviaria.
El objetivo de esta iniciativa es responder a la reciente ola de robos que causan retrasos y cortes en el servicio ferroviario, adaptando las penas a la gravedad del delito, fortaleciendo la seguridad jurídica y mejorando la protección de la infraestructura estratégica.
