El Gobierno abre consulta para exigir energía renovable en centros de datos
El Gobierno ha puesto en consulta pública, con carácter urgente, un proyecto de real decreto que regulan la sostenibilidad energética, ambiental, la resiliencia y la soberanía digital para los centros de datos. Así lo ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Esta propuesta podrá recibir sugerencias hasta el 4 de septiembre y establece que los centros de datos deben respaldar un mínimo del 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable durante cada hora de operación.
El real decreto ha sido elaborado por los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública. El Consejo de Ministros aprobó tramitarlo con urgencia el martes pasado.
La intención de esta medida es organizar la proliferación de centros de datos ante el aumento de proyectos, garantizando las mejores condiciones legales y facilitando la llegada de inversiones.
Para ello, el Gobierno ha analizado problemas presentados en otros países como Irlanda, Singapur, Países Bajos o Estados Unidos, y considera que es momento de anticiparse con una regulación que evite esos inconvenientes.
El texto regula aspectos de resiliencia y soberanía digital, incluyendo la obligatoriedad de que la operación y el control de datos sean realizados por entidades bajo legislación de la UE. En el ámbito ambiental y energético, se exige consumir energía renovable de nueva instalación, además de cumplir con criterios de eficiencia energética y uso sostenible del agua.
De esta manera, se busca cumplir con los estándares más exigentes en ahorro de agua y energía, así como asegurar la soberanía digital, tecnológica y la potencia de cálculo.
Aunque España posee una Estrategia de Inteligencia Artificial que calcula una necesidad de computación de 2,5 gigavatios (GW) para 2030, y una demanda eléctrica estimada entre 3,5 y 4 GW, las solicitudes y permisos para estos centros superan ampliamente esas cifras. Esto se debe a la buena ubicación geográfica, clima favorable y el potencial renovable del país, habiéndose concedido más de 12 GW de acceso a red desde 2021.
La normativa afecta a instalaciones mayores de 1 MW, porque son las que tienen mayor impacto territorial, hídrico y ambiental. El objetivo es que España seleccione aquellos centros que generen más beneficios con menos impacto ambiental.
- Penalizaciones por incumplimiento
- Condiciones para el acceso a la red eléctrica
- Soberanía digital y declaración responsable
Penalizaciones por incumplimiento
En materia energética, el proyecto regula que los centros de datos consuman al menos un 80% de energía renovable hasta que la generación renovable supere el 90% del mix eléctrico, similar a lo que ya se aplica en producción de combustibles renovables o hidrógeno verde.
Este consumo renovable debe ser adicional: por cada megavatio (MW) consumido, se debe haber instalado un MW nuevo en los 18 meses anteriores al inicio de operaciones, ya sea a través de autoconsumo o contratos de energía a largo plazo (PPA).
La acreditación será horaria, por lo que en cada hora de actividad el 80% de la energía debe ser renovable generada ese mismo momento.
Los proyectos deberán cumplir con estos requisitos para acceder a la red eléctrica y obtener derechos de conexión.
No cumplir estas normas conllevará multas crecientes, cobros adicionales en cargos y peajes, y eventualmente la pérdida del acceso a la red. Estos recargos compensan los costes extra que la falta de energía renovable podría generar para el sistema y la factura eléctrica.
Condiciones para el acceso a la red eléctrica
Los proyectos en trámite tendrán un plazo de seis meses para adaptarse y demostrar que cumplen los nuevos requisitos, o deberán renunciar a los derechos de acceso y conexión, sin ejecutar garantías. En caso de estar pendientes de concurso de acceso, ese plazo será de tres meses.
Debido a la alta demanda de energía y agua de estos centros, se exigirá cumplir con los niveles más altos de eficiencia energética y de agua establecidos por la etiqueta europea de centros de datos, que entrará en vigor en un año.
El decreto incluye que, a partir de esa fecha, será obligatorio alcanzar la categoría 'A', la máxima en eficiencia hídrica y energética.
En materia de resiliencia y soberanía digital, se precisa que la operación y el control de datos pertenezcan a entidades sujetas al derecho europeo, que los datos residen en territorio comunitario y que se controlen eficazmente los accesos desde terceros países.
Soberanía digital y declaración responsable
El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública verificará el cumplimiento de las medidas de soberanía digital, cuya infracción puede llevar a perder los derechos de conexión a la red eléctrica.
Los centros de datos sobre cierto tamaño deberán presentar una declaración responsable de compromiso con estos criterios.
Además, aquellos que alojan datos de la Administración Pública o relacionados con la seguridad nacional deben formalizar que esos datos no abandonarán la Unión Europea.
Los centros que superen los 500 kilovatios (kW) deberán enviar al Ministerio informes anuales sobre su eficiencia energética y sostenibilidad. Los mayores de 1 MW deberán informar también sobre su cumplimiento del código de conducta europeo más reciente en eficiencia energética y cómo lo aplican.