La fiscal de menores rechaza devolver a los niños de Ceuta: "No tiene sentido"
La situación de los niños no acompañados que han llegado a Ceuta sigue bajo un escrutinio cuidadoso. La fiscal de sala de menores, Teresa Gisbert, ha remarcado que estos menores no desean regresar a Marruecos, sino que su intención es trasladarse a la península. Esta afirmación forma parte de un análisis más amplio sobre la gestión de menores migrantes en España.
Desde principios de año, la llegada de niños migrantes sin acompañantes ha generado debate, especialmente con propuestas polémicas como la del Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, que plantean la devolución inmediata a Marruecos. Según Gisbert, devolver a estos menores sin evaluar detalladamente su situación “no tiene sentido” y va en contra de la legislación vigente.
La fiscal ha subrayado que la prioridad es siempre asegurar el interés superior del menor, una obligación legal que requiere un análisis personal y minucioso de cada caso. Esto implica no solo entrevistas directas con los menores, gracias al apoyo de intérpretes, sino también la valoración de su entorno familiar y social, además de realizar informes sobre su situación en su país de origen.
- Criterios legales y procedimientos
- El papel de las comunidades autónomas
- Acciones en Ceuta y realidad en la península
Criterios legales y procedimientos
La responsable judicial explicó que los menores llegan con derechos protegidos por varias normativas como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Extranjería y la Ley de Protección Jurídica del Menor. Además, desde junio de 2026, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) establece un marco claro para la actuación en estos casos.
Siguiendo estos marcos, antes de cualquier devolución, se deben realizar entrevistas personales con intérpretes. También se indaga en la situación familiar y social del menor para asegurarse de que no sea enviado a una situación de riesgo o desprotección, cumpliendo así con las estrictas garantías legales que España y Europa exigen.
Este proceso requiere tiempo para garantizar que la actuación sea adecuada y respete los derechos del menor, algo que no siempre es comprensible para quienes exigen soluciones rápidas, pero que es fundamental para evitar vulneraciones.
El papel de las comunidades autónomas
Gisbert mencionó que algunas comunidades autónomas presentan dificultades o demuestran reticencias para acoger a menores migrantes. Sin embargo, cuando la Fiscalía interviene, estas regiones suelen acabar aceptando los menores amparados por la legislación vigente, especialmente por los reales decretos de contingencia migratoria.
La fiscal mencionó respuestas comunes de las comunidades, como la falta de plazas o la saturación de recursos. Aun así, insistió en que estas excusas no justifican la negativa, y recalcó que se han tenido que abrir procesos para asegurar el cumplimiento de la ley. En su experiencia, estas trabas han venido principalmente por parte de gobiernos autonómicos del PP y Vox.
Acciones en Ceuta y realidad en la península
En cuanto a los menores en Ceuta, la fiscal explicó que la prioridad de su traslado a la península responde a motivos de protección, dando preferencia a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. Ya existía una superpoblación de menores no acompañados en la ciudad autónoma, con alrededor de 800 niños antes de la llegada masiva registrada a finales de julio.
Los niños entrevistados recientemente han dejado claro que su deseo es seguir su camino hacia la península y no regresar a Marruecos. Además, no se ha registrado ninguna petición de familias en Marruecos pidiendo la devolución de sus hijos; por el contrario, muchas familias están informadas y valoran positivamente que sus hijos estén bajo protección en España.
Finalmente, Gisbert reconoció el esfuerzo conjunto de la Fiscalía y anunció que se abrirán comisiones voluntarias para apoyar el trabajo en Ceuta, fortaleciendo así la atención y protección a estos menores en circunstancias complejas.