La Audiencia Nacional exige a Bolaños los documentos declasificados sobre Ceuta
La juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha solicitado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Félix Bolaños, el envío de los documentos desclasificados este miércoles sobre la crisis en Ceuta. Estos documentos serán incorporados a la causa que investiga la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.
Mediante una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, la jueza pidió al Ministerio de Justicia una copia autenticada de los informes y comunicaciones del mes de julio publicadas en la web de La Moncloa, relacionadas con la situación en Ceuta.
En los documentos se detalla que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió a la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad mediante mensajes difundidos por WhatsApp el 29 de julio, un día antes del gran flujo de más de 70.000 inmigrantes provenientes de Marruecos.
El CNI también confirmó el 30 de julio que las medidas de seguridad reforzadas por Marruecos ante la concentración de migrantes dispuestos a cruzar a Ceuta la noche anterior "fueron insuficientes". Cuando el espigón fue superado por los inmigrantes que entraron nadando, las autoridades marroquíes solo desplegaron "unidades antidisturbios" en la frontera con tres horas de retraso.
La jueza asumió la competencia del caso al considerar que podrían haberse cometido delitos que afectan no solo a Ceuta y sus habitantes, en sus derechos y seguridad, sino también al propio Estado español.
En un auto al que tuvo acceso Europa Press, Tardón indicó que los hechos en Ceuta suponen "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España", mediante flujos migratorios irregulares que han dañado los derechos y la vida de los ciudadanos ceutíes.
Además, señaló una "permisividad" junto a una "clara y evidente gestión favorable al proceso desde Marruecos", reflejada en el comportamiento registrado de las Fuerzas de Seguridad del país vecino.
En este procedimiento, el Estado figura como acusación particular y parte perjudicada, acompañando a la ciudad de Ceuta, mientras que PP, Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa actúan como acusaciones populares.
