Fiscal general defiende unir "legalidad" y "humanidad" en Ceuta sin conflicto
- Apelación a combinar legalidad y humanidad en Ceuta
- Prioridades del Ministerio Fiscal en lucha contra la corrupción y el narcotráfico
- Propuesta de reforma procesal y reclamos para el Ministerio Público
Apelación a combinar legalidad y humanidad en Ceuta
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha manifestado la importancia de abordar la crisis migratoria en Ceuta respetando siempre el principio de legalidad, asegurando que esto no está reñido con los valores de humanidad y la dignidad que merecen todas las personas.
En su intervención durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, presidida por el Rey Felipe VI, expresó solidaridad con la población ceutí, que ha enfrentado circunstancias complejas con responsabilidad y proximidad hacia los migrantes en situación vulnerable.
Se destacó la necesidad de recuperar una situación que garantice plenamente la seguridad y normalidad, sin olvidar el respeto a las personas afectadas. Además, Peramato reconoció el compromiso de instituciones, agentes sociales y voluntarios que diariamente trabajan con humanidad y profesionalidad para responder a estos retos.
Especial énfasis se puso en el papel de los fiscales en Ceuta, cuya labor resulta vital para proteger la legalidad y los derechos fundamentales, particularmente de la infancia, que es especialmente sensible en estos contextos. La fiscal general indicó que tras su visita a Ceuta el pasado 27 de agosto comprobó el esfuerzo y dedicación de los fiscales, y anunció el envío próximamente de tres fiscales desde la península para apoyar frente a la crisis migratoria.
Prioridades del Ministerio Fiscal en lucha contra la corrupción y el narcotráfico
Por otro lado, Peramato subrayó el compromiso del Ministerio Fiscal para combatir la corrupción, definida como un fenómeno que socava la confianza ciudadana en las instituciones y daña el buen funcionamiento del sector público. Señaló que este combate requiere máxima independencia, rigor y determinación, especialmente cuando están implicadas autoridades o funcionarios públicos.
La lucha contra la corrupción se mantiene como una prioridad clave, con el objetivo de asegurar una persecución eficiente y preservar la confianza en las instituciones democráticas y la justicia.
También destacó la relevancia de enfrentar la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico, catalogado como una de las mayores amenazas para la seguridad y el Estado de derecho por la sofisticación y dimensión internacional de estas redes. En particular, se mencionó la presión que sufren zonas como el Campo de Gibraltar, donde las instituciones enfrentan desafíos considerables.
Peramato recordó a los guardias civiles fallecidos en el cumplimiento de su deber en Barbate en 2024 y recientemente en Huelva, resaltando que su memoria es un constante incentivo para continuar la lucha contra estas organizaciones. Señaló que la respuesta institucional debe ir más allá de incautar droga, impulsando investigaciones patrimoniales y financieras que desarticulen la base económica de estas redes criminales.
Propuesta de reforma procesal y reclamos para el Ministerio Público
Peramato señaló que España tiene delante una oportunidad histórica para transformar el modelo procesal, cuyo esquema vigente data del siglo XIX. En este sentido, respaldó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que propone asignar a los fiscales la dirección de la investigación penal, sustituyendo a los jueces en esta función.
Dicha medida cuenta con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión Europea, y no responde a intereses corporativos sino a la necesidad de fortalecer las garantías del proceso penal y la calidad del Estado de derecho, beneficiando directamente a la ciudadanía.
Para lograr esta transformación, Peramato insistió en la demanda de mayor autonomía para el Ministerio Fiscal y en la modificación del Estatuto Orgánico, destacando que el mandato del fiscal general no debe depender del gobierno de turno, y que la Junta de Fiscales de Sala puede ejercer veto mediante mayoría cualificada, lo que limita dicha autonomía.
Asimismo, reclamó que la reforma se acompañe con recursos adecuados, como el aumento de plantillas, modernización tecnológica, consolidación de estructuras de apoyo y profundización en la especialización de fiscales, a fin de ejercer las funciones con eficacia.
Finalmente, en su primer discurso en la apertura del año judicial, la fiscal general enfatizó que, aunque la sociedad exige transparencia y rendición de cuentas, esto no debe confundirse con críticas sistemáticas o con la creación de una imagen distorsionada del Ministerio Público, cuyas filas están ocupadas por profesionales altamente cualificados y sometidos a rigurosos procesos selectivos.
