Gestha propone limitar a 150 euros el valor de regalos a cargos públicos tras caso Zapatero
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) proponen fijar un límite legal de 150 euros para el valor de regalos que puedan aceptar funcionarios, cargos y empleados públicos, a raíz del hallazgo de joyas valuadas en 1,3 millones de euros en la caja fuerte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Gestha señala que la vigente Ley de Transparencia y Buen Gobierno utiliza términos jurídicos imprecisos al referirse a obsequios que se encuadran en "usos habituales, sociales y de cortesía", cuya interpretación puede variar considerablemente según el contexto cultural, social o geográfico en el que se entreguen esos regalos.
Esta ambigüedad, según Gestha, dificulta la aplicación uniforme de la norma, genera inseguridad jurídica y puede afectar la confianza pública en las instituciones, dado que lo considerado un "regalo habitual o protocolario" en otros países podría tener un alto valor en España.
- Reforma en los regalos a funcionarios
- Regulación de los regalos a jueces y la actividad de 'lobby'
- El caso de las joyas de Zapatero
Reforma en los regalos a funcionarios
Ante esta situación, Gestha plantea una reforma para establecer criterios y límites cuantitativos claros en la aceptación de obsequios por parte de funcionarios y cargos públicos. La modificación se fundamentaría en el Código de Conducta de las Cortes Generales, que prohíbe la aceptación de "favores" e "invitaciones a viajes" con un valor superior a 150 euros.
Desde octubre de 2020, este límite se aplica a diputados y personal institucional para evitar influencias en su actuación parlamentaria. La propuesta de Gestha indica que cualquier regalo que supere dicha cantidad deberá incorporarse al patrimonio público, independientemente de las costumbres o protocolos del país de origen del donante.
Adicionalmente, se sugiere que los obsequios se publiquen en las webs de las instituciones correspondientes, especificando fecha, valor, remitente y destinatario.
Regulación de los regalos a jueces y la actividad de 'lobby'
Gestha también plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir el principio 28 del Código Ético de la Carrera Judicial, que prohíbe aceptar "regalos o atenciones" que excedan las "convenciones sociales" y puedan comprometer la apariencia de imparcialidad de los jueces.
Además, se pide regular las actividades de representación de intereses, conocidas como 'lobby', limitando su desarrollo a altos cargos, altos funcionarios y exrepresentantes públicos. No obstante, el principal problema reside en la falta de transparencia que envuelve algunas relaciones de responsables públicos.
Por ello, los técnicos han propuesto medidas para regular la transparencia e integridad de los grupos de interés, incluyendo obligaciones de transparencia similares a las de los gestores públicos y el fortalecimiento de los órganos de control, tanto internos como externos.
El caso de las joyas de Zapatero
El portavoz de Gestha, José María Mollinedo, indicó a Europa Press que José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha negado a declarar sobre las joyas y prepara documentación para justificar su procedencia, podría evitar ser imputado por delito fiscal pagando 536.012 euros mediante una declaración extemporánea.
Si las joyas fueran regalos recibidos antes de 2021, "ni siquiera" sería necesario valorarlas, y en caso de tratarse de una herencia, el delito habría prescrito si el donante falleció antes de diciembre de 2020.
Asimismo, los técnicos recuerdan que los regalos de valor significativo deben declararse en el Impuesto de Donaciones. Cuando provienen de personas sin parentesco, la tributación podría ser considerable si el valor del obsequio es elevado.
La obligación de declarar corresponde a cada beneficiario, debiendo realizarse en el plazo de un mes tras la recepción, y la posibilidad de liquidación por parte de las administraciones tributarias autonómicas prescribe a los cinco años.
El Código de Buen Gobierno, aprobado durante el mandato de Zapatero y publicado en 2005, establece la negativa a aceptar cualquier regalo, favor o servicio ventajoso que supere los usos habituales, sociales y de cortesía, o que pueda condicionar el desempeño de funciones, salvo lo dispuesto en el Código Penal. Además, los obsequios institucionales significativos deben incorporarse al patrimonio estatal.
