Autismo España señala "carencias" en la nueva norma para entidades del Tercer Sector
La aprobación de una nueva normativa para las entidades del Tercer Sector de Acción Social que colaboran con la Administración General del Estado ha sido recibida de forma positiva por Autismo España. A partir del 2 de enero de 2027, estas organizaciones podrán obtener el reconocimiento oficial como colaboradoras del Estado.
Sin embargo, la entidad cree que esta medida debería haberse complementado con una regulación más completa y equilibrada, que incluyera aspectos como la inclusión, la transparencia y las buenas prácticas en el gobierno.
Durante la elaboración de esta norma, Autismo España presentó al Gobierno diversas observaciones jurídicas y técnicas buscando un sistema de acreditación que fuera abierto, proporcional y acorde con la naturaleza pública del reconocimiento.
- Calidad y evaluación en el Tercer Sector
- Obligaciones jurídicas y transparencia
- Impacto en entidades más pequeñas
Calidad y evaluación en el Tercer Sector
Autismo España subraya la importancia de fortalecer la calidad, los procesos de evaluación y la mejora constante dentro del Tercer Sector, defendiendo que se impongan estándares altos para estas entidades. No obstante, advierte que la referencia concreta a ciertas normas limita en la práctica las formas de acreditación para obtener un reconocimiento público jurídico.
Obligaciones jurídicas y transparencia
La organización señala que las obligaciones legales deben estar bien definidas y ser plenamente conocidas por las entidades implicadas. Sin embargo, algunos estándares no se publican completamente en fuentes oficiales y suelen requerir pago para su consulta, lo que genera dudas sobre los principios de legalidad, seguridad jurídica y accesibilidad normativa.
Además, la regulación no explica qué características debe tener un sistema equivalente, quién evaluará su validez, bajo qué procedimiento se admitirá ni con qué garantías. Por eso, según Autismo España, sin criterios claros y verificables, el reconocimiento de alternativas podría quedar a merced de decisiones arbitrarias, sin asegurar neutralidad ni igualdad de oportunidades.
Impacto en entidades más pequeñas
Estos procesos requieren recursos económicos, técnicos y organizativos considerables. Si no se establecen medidas adecuadas y un tiempo de adaptación suficiente, las entidades de menor tamaño, que también realizan una función rigurosa y con alto impacto social, podrían verse perjudicadas. En cambio, el reconocimiento terminaría concentrándose en organizaciones con mayor capacidad estructural, alerta Autismo España.
Por otro lado, la normativa incluye obligaciones sobre control, rendición de cuentas e incompatibilidades, pero no contempla una evaluación global y comprobable sobre la transparencia y el buen gobierno de las organizaciones que desean colaborar con la Administración General del Estado.
A raíz de esto, Autismo España exige que se establezcan criterios claros y accesibles, un procedimiento formal para admitir sistemas equivalentes y un plazo razonable para la adaptación. Lo importante, argumentan, es mantener altos estándares sin dejar de lado la legalidad, la seguridad jurídica, la diversidad organizativa y el equilibrio dentro del Tercer Sector.
