PSOE andaluz: Junta, "trama para desfalcar millones" en sanidad pública
La presión política sobre la gestión de la sanidad pública en Andalucía vuelve a subir un peldaño. El portavoz de Presidencia del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha reclamado que se den explicaciones en sede parlamentaria ante lo que describe como una situación de máxima gravedad.
En el centro del debate está la contratación vinculada al Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia, así como la acumulación de investigaciones judiciales en distintas provincias. El mensaje es directo: sin transparencia, crece la desconfianza y se agrava el impacto sobre la atención que recibe la ciudadanía.
La petición se dirige al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), a quien se le exige que dé cuenta de lo ocurrido y de por qué, según el PSOE-A, el caso ya no puede tratarse como un episodio aislado.
- Reclamación de explicaciones en la Cámara andaluza
- Diligencias en Córdoba por contratos durante la pandemia
- Acusaciones sobre contratación en el SAS
- Petición de comparecencia de Antonio Sanz
Reclamación de explicaciones en la Cámara andaluza
Mario Jiménez ha instado a Antonio Sanz (PP-A) a comparecer en el Parlamento de Andalucía por la "trama institucional urdida", en su opinión, desde el Gobierno andaluz para "desfalcar miles de millones de euros de la sanidad pública en Andalucía". La solicitud se ha planteado públicamente en una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE-A en Sevilla.
El planteamiento del PSOE-A busca elevar el asunto al debate parlamentario, con el objetivo de aclarar responsabilidades políticas y el alcance de las decisiones tomadas. El argumento central insiste en que lo ocurrido afecta al interés general y exige respuestas claras, verificables y completas.
Un escenario que se endurece con nuevas diligencias
La reclamación se produce tras conocerse la decisión de un juzgado de Córdoba de abrir diligencias previas por la presunta comisión de diferentes delitos vinculados a contratos de compras y suministros. El PSOE-A enmarca este movimiento judicial como una señal de alarma que refuerza la necesidad de control político y rendición de cuentas.
Además, se ha subrayado que esta investigación se suma a otras diligencias ya en marcha desde juzgados de Cádiz y Sevilla, también relacionadas con contratos del SAS. En esa acumulación de causas, el PSOE-A sitúa un contexto que, a su juicio, requiere una respuesta institucional inmediata.
Diligencias en Córdoba por contratos durante la pandemia
El foco informativo se sitúa en los contratos asociados a la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Universitario Sofía durante la pandemia del Covid-19. Los hechos investigados se enmarcan entre los años 2020 y 2021.
Según se ha trasladado, en ese periodo la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, dirigía dicho centro hospitalario. El PSOE-A conecta esa etapa con la necesidad de conocer cómo se gestionaron las compras y suministros y bajo qué criterios se tomó cada decisión.
Plataforma logística y Hospital Reina Universitario Sofía
La referencia concreta apunta a la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Universitario Sofía, un elemento clave en la tramitación de contratos durante una etapa marcada por la emergencia sanitaria. La apertura de diligencias previas coloca esa operativa bajo examen judicial.
En paralelo, el PSOE-A recalca que no se trata de un único episodio y vincula esta investigación con otras ya abiertas en Cádiz y Sevilla. Desde ese enfoque, la prioridad política se centra en esclarecer el patrón de contratación y su posible extensión.
Acusaciones sobre contratación en el SAS
Mario Jiménez ha defendido que, desde la óptica del PSOE-A, la contratación "ilegal" en el Servicio Andaluz de Salud era "universal, es decir, que se estaba produciendo en todas las provincias de Andalucía" y "en todas las plataformas de contratación sanitaria" del SAS. En su relato, esa práctica habría estado "auspiciada, impulsada, avalada y bendecida por los responsables políticos" del servicio.
También ha señalado a "los consejeros y viceconsejeros y directores" del SAS que "han ido desfilando a lo largo de estos años". La acusación se formula como una llamada a revisar decisiones, procedimientos y supervisión política, con especial atención al respeto de las normas de contratación pública.
Impacto político y foco en 1.500 millones
En palabras del dirigente socialista, "Estamos ante una trama de contratación ilegal, despreciando las normas en materia de contratación pública, con conocimiento de causa de toda la dirección política sanitaria y del propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que afecta a todas las centrales de compra y que responden a un procedimiento diseñado específicamente para provocar un vacío legal que ha podido beneficiar presuntamente a empresas del círculo del Partido Popular en Andalucía" que "quieren clavar sus piernas en la sanidad pública andaluza". Ese escenario ha sido calificado como "muy grave".
Además, se ha advertido de que el PSOE-A "va a seguir con su estrategia de sacar a la luz la contratación irregular que se produjo con la excusa de la pandemia para beneficiar a unos cuantos, porque está en juego nada más y nada menos que conocer el destino y la utilización presuntamente ilegal, fraudulenta, de 1.500 millones de euros de la sanidad pública andaluza que han podido desviarse ilegalmente para beneficiar a unos cuantos, mientras en Andalucía las listas de espera están absolutamente desbordadas, las mujeres con cáncer de mama no son atendidas correctamente", y "no es posible que te atienda tu médico de cabecera".
En esa misma línea, se ha reiterado: "No vamos a parar hasta identificar el destino de hasta el último céntimo de euros de los andaluces que se ha desviado de la sanidad pública a enriquecer a cuatro 'amiguetes' de la privada, y no vamos a parar hasta identificar a los responsables políticos directos de lo que ha ocurrido". Y se ha añadido que tampoco se va a "parar" de "señalar al responsable absoluto de lo que ha pasado" que, según esa posición, "es el presidente de la Junta de Andalucía".
Como cierre de esa acusación, se ha sentenciado que "la sanidad pública en Andalucía está en los juzgados por decisión, por voluntad, por irresponsabilidad y por deshonestidad del Gobierno de Moreno Bonilla y de su presidente". El planteamiento persigue situar el debate en el plano de la responsabilidad política y la exigencia de control público.
Petición de comparecencia de Antonio Sanz
Tras exponer este marco, el Grupo Socialista ha anunciado que solicitará la "comparecencia inmediata" del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en el Parlamento de Andalucía. El motivo es que, según el PSOE-A, "porque esto ya no es un caso aislado", sino que es "una trama institucional urdida para desfalcar miles de millones de euros de la sanidad pública" andaluza.
La solicitud se presenta como un paso necesario para que la Cámara autonómica conozca qué decisiones se tomaron, bajo qué supervisión y con qué consecuencias. En un asunto que afecta a la sanidad pública, la exigencia de explicaciones se plantea como un elemento imprescindible para frenar la incertidumbre y reforzar la vigilancia institucional.
De la propaganda a las explicaciones
Mario Jiménez ha afirmado que Antonio Sanz "tiene que pasar de la propaganda a las explicaciones". En esa misma línea, el Grupo Socialista pedirá que comparezca para que explique "qué pasa" y "por qué se extiende como una mancha de sospecha y de corrupción la gestión sanitaria de Moreno en toda Andalucía".
El dirigente socialista ha vinculado esa exigencia a la situación asistencial, remarcando que, mientras se reclama claridad, "la gente sigue sin poder ver a su médico, siguen sin hacerle una prueba diagnóstica, siguen sin poder ser intervenido" por "culpa de la gestión negligente y criminal del Partido Popular y de Moreno Bonilla al frente de la sanidad". El llamamiento es a que se ofrezcan explicaciones públicas y detalladas en el Parlamento, sin dilaciones.
