El Gobierno incluye una ayuda universal de 200 € por crianza
Una ayuda mensual de 200 euros por hijo podría cambiar de forma profunda la vida de cientos de miles de familias en España. La medida se enmarca en la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y apunta a un objetivo claro: reducir la pobreza infantil y reforzar el Estado de bienestar.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un informe con 100 metas hasta 2030. Entre ellas, destaca la aprobación de una prestación universal por crianza para el 100% de las familias con hijos, impulsada a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La propuesta llega en un momento en el que la pobreza infantil se ha convertido en un tema prioritario. El debate ya no gira solo en torno a si hace falta actuar, sino a cuándo y con qué alcance se aplicarán medidas capaces de tener un impacto real y sostenido.
- Prestación universal por crianza: propuesta y alcance
- Impacto estimado según UNICEF
- Metas sociales y económicas hasta 2030
- Vivienda, energía y otros ejes de la estrategia
- Cómo se elaboró la hoja de ruta y qué implica
Prestación universal por crianza: propuesta y alcance
MADRID, 10 (EUROPA PRESS). El Gobierno ha aprobado este martes un informe de revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. El documento fija 100 metas a cumplir antes de 2030 e incluye, entre sus compromisos, la aprobación de una prestación universal por crianza dirigida al conjunto de familias con hijos.
La iniciativa ha sido aprobada a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy han indicado que la estrategia contempla una prestación por hijo o hija a cargo de 200 euros al mes.
El objetivo declarado es que la ayuda llegue a todas las familias con menores de hasta 18 años. Aun así, esas mismas fuentes han señalado que la implantación podría realizarse de forma gradual.
Tras el Consejo de Ministros, Bustinduy ha expresado en rueda de prensa su confianza en que la prestación por crianza “vea la luz cuanto antes”. También ha defendido que su impacto sería “extraordinario y extraordinariamente positivo para la democracia española”.
Desde el Ministerio se ha explicado que la estrategia busca reforzar el Estado de bienestar con acciones orientadas a reducir la pobreza y la desigualdad y a incrementar la renta de los hogares con menos ingresos.
Además, el departamento ha subrayado que el Gobierno incorpora por primera vez en una estrategia estatal la prestación universal por crianza como un derecho. Según lo trasladado por el Ministerio, esta herramienta permitiría avanzar hacia el objetivo de acabar con la pobreza infantil más severa antes de 2030.
Impacto estimado según UNICEF
El impulso a esta prestación se apoya en estimaciones recogidas por UNICEF. En el estudio “El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil”, presentado en noviembre de 2025, se plantea que la pobreza infantil en España podría disminuir 7,1 puntos porcentuales con una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por hijo.
De acuerdo con ese informe, la medida permitiría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas, en torno a 530.000 menores.
El mismo documento añade que, incluso con una cuantía menor, el efecto seguiría siendo relevante: con un mínimo de 100 euros al mes se podría sacar de esta situación a 270.000 niños, niñas y adolescentes.
La prestación universal por crianza también ha sido defendida en varias ocasiones por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. En el contexto de la presentación del estudio de UNICEF, Rego afirmó que existen recursos para aplicar la ayuda de forma gradual y así hacer frente a la pobreza infantil.
En aquella intervención, Rego advirtió de que la pobreza infantil tiene un coste cercano a 65.000 millones de euros, mientras que erradicarla supondría entre 11.000 y 15.000 millones.
Metas sociales y económicas hasta 2030
Dentro de los 10 hitos principales de la hoja de ruta del Ministerio, además de la prestación por crianza, figura la meta de reducir en un 10% la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (Arope). El objetivo es situarla por debajo de la incidencia de la Unión Europea.
La estrategia remarca la prioridad de medidas dirigidas a familias monomarentales, señaladas como las más afectadas por situaciones de pobreza.
En materia de igualdad, se plantea reducir la brecha salarial de género al 10%. Entre las líneas asociadas se incluye una disminución del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55% respecto a los hombres, así como un aumento de la tasa de actividad femenina del 5%.
También se fija como meta aumentar en un 50% la proporción de personas con discapacidad que acceden y completan estudios superiores o formación técnica avanzada, con especial atención a mujeres con discapacidad.
Otra línea de actuación busca promover la visibilidad y la concienciación en torno a los delitos y discursos de odio.
En el ámbito administrativo, la estrategia pretende que el 100% de los trámites de extranjería estén completamente digitalizados, además de simplificados y unificados, con el fin de reducir tiempos de resolución. A la vez, se contempla garantizar atención presencial para quienes la necesiten.
En educación, se marca el objetivo de reducir la tasa de abandono escolar temprano al 9%, con atención especial a los colectivos vulnerables.
Vivienda, energía y otros ejes de la estrategia
La hoja de ruta también incorpora un bloque relevante de vivienda. Se propone triplicar la inversión pública en este ámbito para alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social.
Para ello, se plantea destinar 7.000 millones de euros en 4 años e incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos.
En este mismo apartado, se recoge la necesidad de priorizar el acceso de jóvenes a la vivienda, con el objetivo de reducir su edad de emancipación.
Por otro lado, la estrategia apuesta por una mayor independencia energética, con incremento de energías renovables y una reducción de gases de efecto invernadero. En paralelo, se prevén más recursos para emergencias asociadas a la adaptación a fenómenos climáticos extremos.
La visión general incluye, además, el impulso de un turismo verde y de interior y una mayor economía social, con el objetivo de reforzar la vertebración social y territorial de España.
Cómo se elaboró la hoja de ruta y qué implica
Según el Ministerio, la nueva estrategia actualiza la anterior, que cubría el periodo 2020-2025. También se ha indicado que el texto se ha elaborado mediante un proceso colaborativo con participación de todos los departamentos ministeriales, gobiernos autonómicos, entidades locales, sociedad civil, entidades del ámbito académico y el sector privado.
Fuentes del Ministerio han precisado a Europa Press que el propósito es marcar la orientación de los recursos y de las políticas públicas no solo a nivel de ministerios, sino en el conjunto de las administraciones.
Esas mismas fuentes han añadido que, al tratarse de una estrategia, las medidas incluidas no tienen presupuesto asignado y deberán dotarse cuando se aprueben de forma definitiva. En este contexto, resulta clave mantener la atención pública y exigir avances medibles, porque los plazos de 2030 se acortan y la reducción de la pobreza infantil no admite demoras.
