La solicitud para regularizar inmigrantes estará disponible en 371 oficinas de Correos desde el lunes
Correos colaborará en el proceso extraordinario de regularización administrativa para personas migrantes, tras la entrada en vigor del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, aprobado recientemente por el Gobierno. Esta normativa modifica el Reglamento de Extranjería y está dirigida a quienes se encuentren en situación administrativa irregular o sean solicitantes de protección internacional, siempre que residan en España desde antes del 1 de enero de 2026 y hayan permanecido cinco meses de manera continua.
Desde el 20 de abril hasta el 30 de junio, estarán disponibles 371 oficinas de Correos distribuidas en las capitales de provincia y municipios con más de 50.000 habitantes para permitir la presentación presencial de las solicitudes de regularización. Para acceder a este servicio, será necesario contar con una cita previa que se podrá solicitar de forma telemática a partir del 16 de abril, a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060. Tras obtener la cita, los interesados podrán entregar su documentación y solicitud en las oficinas habilitadas de Correos.
Además de la gestión de la cita previa, toda la información relevante sobre este proceso, incluidos los requisitos y la documentación necesaria para la solicitud, estará disponible en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como mediante el teléfono de información 060 de la Administración General del Estado.
- Oficinas habilitadas de Correos
- Formación y capacitación del personal
- Sostenibilidad y servicios públicos
- Declaraciones del presidente de Correos
Oficinas habilitadas de Correos
La selección de las oficinas de Correos destinadas a este procedimiento se ha realizado en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se ha tenido en cuenta la estimación del número de solicitudes y las necesidades que presenta cada provincia en materia de extranjería para garantizar una adecuada cobertura en todo el territorio nacional.
Estas oficinas, a las que podrán acudir los solicitantes, forman parte de un amplio despliegue que facilitará la gestión presencial de la regularización administrativa, acercando este trámite a quienes se beneficiarán de esta medida.
Formación y capacitación del personal
Según lo previsto, cerca de 1.000 profesionales de Correos participarán activamente en este proceso después de haber recibido un programa de formación completo. Esta capacitación está orientada a garantizar que los empleados dispongan del conocimiento y autorizaciones necesarias para llevar a cabo las gestiones, incluida la representación de las personas migrantes en la presentación de sus solicitudes.
Este esfuerzo formativo asegura un procedimiento ágil y adecuado, facilitando el acceso a la regularización para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos.
Sostenibilidad y servicios públicos
La iniciativa que contempla la participación de Correos en el proceso de regularización se encuadra dentro de la prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG). Esto está respaldado por la modificación de la Ley Postal 43/2010, aprobada en julio de 2025, que reconoce a Correos como un instrumento fundamental del Estado para ofrecer servicios públicos esenciales a toda la ciudadanía.
Así, la empresa postal contribuye de manera significativa a la cohesión territorial, económica y social, fomentando la sostenibilidad y el bienestar público, al mismo tiempo que refuerza su misión pública como agente de soluciones en diversas políticas sociales.
Declaraciones del presidente de Correos
Para Pedro Saura, presidente de Correos, la implicación de la empresa en este proceso representa un reconocimiento de la importancia de su red como herramienta estatal. Según Saura, “reafirma la importancia de la red de Correos como un instrumento del Estado que facilita y aporta soluciones en la ejecución de políticas de alto impacto y extraordinario valor para la sociedad".
Además, destaca que esta medida reconoce una realidad fundamental: “la necesidad de dar tranquilidad, una vida digna y seguridad a trabajadoras y trabajadores inmigrantes que ya residen en España y aportan una enorme vitalidad económica y cultural al país”.
