La consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, ha manifestado en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación la dificultad que Andalucía, como otras Comunidades, encuentra en mantener su colaboración en el proceso de cambio del modelo de la prueba de acceso a la universidad por la falta de receptividad del Ministerio hacia las propuestas presentadas, y ha lamentado que, en este contexto, “el diálogo solo se produce en una dirección”.
Andalucía ha vuelto a defender una prueba única en todas las Comunidades Autónomas "como garantía de equidad e igualdad de oportunidades" para todo el alumnado en España, y la consejera Del Pozo ha insistido en que “no colaboraremos en avanzar en un sistema que no es bueno para nuestros estudiantes. Si el currículo de bachillerato es en gran parte homogéneo en todo el territorio y la matriculación universitaria funciona como un distrito único en todo el país no tiene sentido que haya 17 pruebas distintas para acceder a la universidad", ha añadido la consejera, quien ha subrayado que "España es uno de los pocos países europeos donde no hay una prueba común de acceso", y ha puesto los ejemplos de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal o Finlandia.
En este sentido, Del Pozo ha solicitado reconsiderar el punto de partida de la labor de los grupos de trabajo creados por el Ministerio con las Comunidades Autónomas “porque siguen avanzando en una dirección marcada en la que no nos sentimos cómodos” y ha lamentado la falta de debate y reflexión, y la insistencia en un modelo de prueba que, sin homogeneidad en toda España “persiste en el error”.
Por otro lado, Andalucía se ha sumado a la petición de distintas Comunidades para que el Ministerio de Educación y FP financie el coste de la integración de los profesores técnicos de Formación Profesional en el cuerpo de Secundaria, como establece la ley orgánica de Educación (LOMLOE) que ha impulsado. Del Pozo cree que el Gobierno central debe atender al principio de lealtad institucional. “Es de sentido común que financie esa decisión porque de lo contrario, si esta forma de proceder se convierte en habitual abocaría al colapso financiero a las Comunidades Autónomas, sobre todo en el caso de Andalucía por las dimensiones de nuestro sistema educativo”.
