Bruselas da luz verde a la adenda del Plan de Recuperación y agiliza fondos
La Comisión Europea ha dado luz verde este miércoles a la última adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado con los fondos europeos Next Generation EU. El ajuste busca simplificar la aplicación de los recursos antes de que finalice el mecanismo, con el horizonte puesto en 2026.
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Con la adenda aprobada, el Gobierno ha revisado 160 medidas para reducir cargas administrativas y facilitar el despliegue completo del plan. Además, la previsión de préstamos a solicitar se rebaja a 22.800 millones de euros, una cifra que supera ligeramente el 25% de los créditos asignados inicialmente.
- Aprobación y calendario del plan
- Ajustes en reformas con rango de ley
- Reformas que se mantienen y diésel
- Nuevas inversiones y recorte de préstamos
- Inyección de capital en el ICO
Aprobación y calendario del plan
Según el Ministerio de Economía, la aprobación por parte de la Comisión Europea respalda la evolución del Plan de Recuperación y sitúa el proceso en su fase final. En este marco, el 31 de agosto de 2026 figura como fecha límite para ejecutar inversiones, mientras que el plazo máximo para certificar gastos concluye el 31 de diciembre de 2026.
El Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha señalado que la simplificación permitirá completar el tramo final de los fondos europeos y cerrar inversiones orientadas a la modernización de la industria, el ámbito tecnológico y los servicios públicos.
Ajustes en reformas con rango de ley
Dentro de la revisión de las 160 medidas, se han eliminado 17 reformas con rango de ley. De ellas, 12 no guardan relación con recomendaciones específicas dirigidas a España ni con retos estructurales identificados por la Comisión Europea y por el Gobierno.
Entre los ejemplos citados se encuentra la ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que deja de vincularse a los fondos europeos tras permanecer un año bloqueada en su tramitación parlamentaria.
Las cinco reformas restantes se reemplazan por otras de ámbito y ambición similares, al coincidir con áreas consideradas prioritarias, como vivienda y sanidad.
En vivienda, se ajusta el hito ligado a la aprobación de la ley del suelo para que no quede asociada a la llegada de fondos europeos y se contemplen otros avances, como la creación de la empresa pública del suelo.
En sanidad, la ley de cohesión, equidad y universalidad del Sistema Sanitario Nacional se sustituye por medidas como la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la designación y renovación de los centros, servicios y unidades de referencia, o la reorganización de la atención no gestionada por dichos centros.
También se plantea la sustitución de la ley de estatuto marco que regula el personal sanitario y mejora la atención especializada, por actuaciones concretas sobre puestos de difícil cobertura, jornadas, guardias y retribuciones del personal sanitario.
En el ámbito social, la ley de diversidad familiar se cambia por el real decreto-ley de ampliación del permiso de paternidad. Además, la reorganización del sistema de prestaciones económicas no contributivas se reemplaza por la reforma del real decreto para incentivar el empleo en el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Reformas que se mantienen y diésel
La adenda conserva varias reformas con rango de ley, entre ellas la ley de movilidad sostenible, la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, los estatutos del nuevo organismo público de evaluación, la ley de transparencia e integridad en actividades de grupos de interés, la modificación de la Ley de Mercado de Valores y cambios en materia de beneficios fiscales.
Asimismo, continúa dentro del Plan de Recuperación el hito de la subida de la fiscalidad al diésel. El texto indica que esta medida debería quedar aprobada antes de que finalice enero, pese a las dificultades para su tramitación en el Congreso.
Nuevas inversiones y recorte de préstamos
La adenda incorpora nuevas inversiones para reforzar prioridades estratégicas. Se incluye una contribución de 300 millones de euros a programas europeos de supercomputación, así como 2.500 millones adicionales movilizados para inversiones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética.
En paralelo, el Gobierno reduce la previsión de endeudamiento hasta 22.800 millones de euros, alrededor del 25% de los 83.000 millones asignados inicialmente a España.
De acuerdo con la explicación trasladada por el Ejecutivo, la evolución y solidez de la economía permite financiarse en el mercado de forma eficiente, sin depender de los préstamos europeos, que apenas aportarían ventaja financiera. En ese planteamiento, Economía ha afirmado que se evitarían 60.000 millones de euros de deuda pública adicional.
Inyección de capital en el ICO
Otra de las novedades recogidas en la adenda es una inyección de capital de 13.000 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
