Europa promueve inversión en vivienda y descarta límites al alquiler
La crisis de la vivienda en Europa ha escalado hasta convertirse en uno de los principales problemas sociales y económicos del continente. El incremento de los precios de la vivienda y de los alquileres durante la última década ha superado ampliamente el crecimiento de los ingresos de los hogares, impactando especialmente en jóvenes, clases medias y trabajadores esenciales. Según datos recientes de Eurostat, desde 2014 los precios de la vivienda en la Unión Europea han aumentado de media más de un 60 %, mientras que los alquileres se han encarecido en torno a un 20 %. Esta situación afecta ya no solo a los colectivos más vulnerables, sino también a sectores tradicionalmente estables, y está alterando tanto la cohesión social como la competitividad y los desafíos demográficos europeos.
Ante este escenario, la Comisión Europea ha presentado un nuevo plan enfocado en ampliar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda asequible en los Estados miembro. El objetivo es actuar sobre las barreras económicas y administrativas que ralentizan la construcción y dificultan la financiación, al mismo tiempo que se responde a la presión en el acceso a la vivienda registrada en áreas urbanas y turísticas. Más de un millón de personas viven actualmente sin hogar en la UE, incluidos unos 400.000 menores, según estimaciones oficiales, lo que refuerza la urgencia de la intervención comunitaria en una problemática que se ha agravado considerablemente en los últimos años.
- Nueva categoría de vivienda asequible
- Estrategias para impulsar la construcción de vivienda
- Regulación de alquileres y viviendas de corta duración
- Movilización financiera y nuevos fondos europeos
Nueva categoría de vivienda asequible
Entre las principales novedades del plan figura la creación de una nueva categoría de "vivienda asequible", orientada a facilitar el acceso de las clases medias y de los trabajadores esenciales. Esta iniciativa pretende favorecer la financiación y construcción de nuevas viviendas dirigidas a estos colectivos, mediante su exención de la notificación previa a la Comisión, que tradicionalmente se exige para las ayudas de Estado. De esta manera, la Comisión Europea busca agilizar la tramitación y evitar que la normativa comunitaria limite el alcance de las políticas de vivienda impulsadas a nivel nacional o local.
El enfoque pone de relieve la preocupación creciente porque la escasez de vivienda ya no afecta únicamente a segmentos vulnerables, sino que compromete la estabilidad residencial y el desarrollo profesional de quienes ejercen funciones esenciales para las ciudades, como el personal sanitario, docentes o fuerzas de seguridad.
Estrategias para impulsar la construcción de vivienda
Bruselas plantea como meta la construcción de 650.000 viviendas adicionales cada año durante la próxima década, sobre las 1,6 millones que actualmente se edifican anualmente en la Unión Europea. Para lograr este objetivo, el plan propone reducir la burocracia, acelerar la planificación urbana y la concesión de licencias de construcción. El refuerzo de la armonización de normas técnicas y la modernización de los procesos constructivos son elementos destacados en la propuesta, con el propósito de disminuir los tiempos y costes de edificación.
La estrategia europea apuesta de manera particular por la incorporación de la vivienda modular y prefabricada, técnicas que pueden acortar los plazos de entrega y reducir costes, aspectos valorados especialmente en el ámbito de la vivienda social y asequible. El plan también contempla la mejora de la productividad en el sector, un aspecto considerado clave para satisfacer la creciente demanda y responder ágilmente a los retos urbanísticos y poblacionales de las próximas décadas.
Regulación de alquileres y viviendas de corta duración
El plan presentado por la Comisión Europea no incluye límites a los precios del alquiler ni la creación de un fondo común europeo, dos medidas que venían siendo reclamadas por algunos Estados miembro, entre ellos España. El Ejecutivo comunitario opta por no intervenir de manera directa en las reglas del mercado en las zonas consideradas tensionadas, aunque sí dota de ciertos instrumentos a los gobiernos para que puedan actuar en puntos donde la presión sobre la vivienda es más acuciante.
En este contexto, la estrategia señala el auge de los alquileres de corta duración, especialmente en localidades urbanas y destinos turísticos, como uno de los factores que han reducido la disponibilidad de vivienda para residentes permanentes. No obstante, en lugar de establecer limitaciones a nivel europeo, la Comisión recuerda el reglamento aprobado en 2024, que entrará en vigor en 2026 y que busca reforzar la transparencia y el intercambio de datos entre plataformas de alquiler y administraciones. Además, se avanza una próxima iniciativa legislativa para definir un marco jurídico claro que facilite la actuación proporcional de las autoridades locales en situaciones de alta presión habitacional.
Movilización financiera y nuevos fondos europeos
La respuesta comunitaria a la crisis habitacional incluye la movilización de recursos financieros adicionales. El plan europeo invita a los Estados miembro a reasignar fondos hacia la construcción y promoción de vivienda asequible, recurriendo para ello a la revisión intermedia de los fondos de cohesión. Está previsto movilizar hasta 10.000 millones de euros adicionales en los próximos dos años, con el fin de impulsar las iniciativas de acceso y desarrollo de viviendas adaptadas a las necesidades actuales de la población.
La combinación de estrategias administrativas, la flexibilización de las normas para la financiación y una mayor cooperación entre plataformas, administraciones y sectores destaca en el paquete anunciado por la Comisión. Con estas medidas, se espera avanzar en los objetivos de aliviar la presión sobre los mercados de vivienda, potenciar la inclusión social y responder a los desafíos demográficos en el ámbito europeo durante la próxima década.
