Anticorrupción expone el contrato clave y millonario en el juicio a Ábalos
El 20 de marzo de 2020, a las 20:00 horas, José Luis Ábalos aprobó una orden ministerial que autorizaba la adquisición de cuatro millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado. Apenas 38 minutos después, esta orden fue anulada y sustituida por otra que establecía la compra de ocho millones de mascarillas. El contrato se otorgó por 24,2 millones de euros a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Víctor de Aldama, quien por primera vez logró abrirse paso en la Administración Pública.
En la segunda semana del juicio del caso mascarillas, el fiscal Alejandro Luzón ha insistido en detallar con precisión las decisiones tomadas por altos cargos públicos que permitieron el éxito inicial de este intermediario. Cuatro ex responsables públicos han aportado su versión sobre cómo se gestó este contrato millonario, que, según Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, fue determinante para que Soluciones de Gestión lograra contratos posteriores con Adif y las comunidades autónomas de Canarias y Baleares.
Entre los testigos se encuentran Jesús Manuel Gómez García, ex subsecretario del Ministerio de Transportes, y Javier Sánchez Fuentefría, su subordinado directo en ese momento. También declararon Francisco Toledo Lobo, expresidente de Puertos del Estado, y Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de esta entidad en ese periodo. Sus testimonios apuntan principalmente a dos conclusiones: fue Aldama quien insistió en aumentar la compra a ocho millones de mascarillas, y Koldo García quien introdujo la propuesta de Soluciones de Gestión.
19 de marzo: primera instrucción para la adquisición de mascarillas
Jesús Manuel Gómez García fue el que más atrás remontó en su relato respecto al inicio de esta compra. Fue el primero en conocer la intención de Ábalos de adquirir mascarillas. El ministro le convocó en su despacho la mañana del 19 de marzo para encargarle la redacción de una orden ministerial que autorizase la compra de material sanitario. Gómez García consultó con su equipo y propuso que la adquisición se gestionara a través de Puertos del Estado por su experiencia en esta logística y su mayor capacidad financiera. Ábalos dio el visto bueno y se empezó a preparar la orden.
El cálculo de la cantidad de mascarillas necesarias recayó en Javier Sánchez Fuentefría, director general de Organización e Inspección de Transportes, quien estimó que harían falta cuatro millones si el estado de alarma duraba dos semanas, o ocho millones en caso de prórroga hasta un mes. Gómez García optó por una opción prudente y defensiva: comprar inicialmente cuatro millones.
En cada una de las sesiones del juicio, el fiscal Luzón insistió en esclarecer si ya se conocía el nombre del proveedor antes de que Ábalos firmara la orden. La Fiscalía mantiene sospechas basadas en un correo electrónico enviado por Fuentefría a Puertos del Estado el 19 de marzo a las 13:26 horas, en el que mencionaba la expectativa de obtener mascarillas FFP2. Sin embargo, ninguno de los imputados admitió que supiera que Soluciones de Gestión sería la proveedora ese mismo día.
Por su parte, el ex subsecretario declaró que el día 20, sobre las dos de la tarde, Koldo García acudió a su despacho con una oferta de Soluciones de Gestión, que remitió posteriormente a Puertos del Estado.
20 de marzo: la orden ministerial y la modificación de los millones a adquirir
La firma y el envío de la primera orden ministerial para adquirir cuatro millones de mascarillas se realizó a las 20:00 horas del 20 de marzo, con el objetivo de dar cobertura legal a la compra. Gómez García envió la orden firmada a su equipo, y Sánchez Fuentefría se encargó de remitirla a Álvaro Sánchez Manzanares, responsable en Puertos del Estado.
Poco después ocurrió un hecho relevante para el caso: Sánchez Manzanares avisó a Víctor de Aldama que la orden estaba aprobada y se la comunicó a las 20:12 horas. Cuando se le preguntó al secretario general por qué había enviado esta información a Aldama, un empresario, explicó que no sabía que Aldama era empresario y aseguró: "El señor Aldama era el que a mí me estaba informando de la logística en ese momento".
Esta situación llevó al fiscal Luzón a interpretar que Sánchez Manzanares tenía contacto con Aldama antes incluso de que se ordenara la compra. El ex alto cargo reconoció que "es posible" y que pensaba que Aldama "estaba en la parte ministerial". Según su declaración, "tenía una relación estrecha con el ministerio y les estaba ayudando".
En cualquier caso, al enviarle la orden ministerial, Sánchez Manzanares recibió una respuesta que ha resultado clave en el proceso judicial. Aldama indicó que no existía la posibilidad de adquirir cuatro millones de mascarillas porque el avión en Lisboa estaba dispuesto para transportar ocho millones.
El ex secretario general de Puertos del Estado declaró a la Sala Segunda que le comunicó a Aldama que se haría "lo que dijera el ministerio". En ese mismo instante, en el departamento ministerial estaban "a punto de enviar la orden al BOE", según explicó Gómez García.
En ese momento entró en escena Koldo García, quien comunicó que la decisión definitiva era adquirir ocho millones de mascarillas. Según explicó Gómez García, García le transmitió que el proveedor ponía como condición "ocho millones o nada", y él aceptó esta postura como si proviniera directamente del Ministerio.
