El juez añade un presunto fraude fiscal de 88 millones al empresario que pagó 100.000 euros a "Alvise"
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha señalado un posible fraude fiscal por 88 millones de euros vinculado al empresario Álvaro Romillo, conocido por haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez. Romillo está procesado además por otros delitos como presunto líder del entramado responsable de la supuesta estafa piramidal realizada mediante la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).
En el auto facilitado a Europa Press, el magistrado considera que existen "indicios racionales y suficientes" para afirmar que Romillo "habría llevado a cabo una conducta defraudatoria".
El juez concreta que esta conducta fraudulenta habría ocurrido en los ejercicios fiscales 2023 y 2024, afectando tanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como al Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la ocultación de ingresos reales que reflejarían su verdadera capacidad económica.
Calama detalla que las cuotas presuntamente defraudadas en el IRPF serían 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en 2024. En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, las cantidades estimadas ascienden a 2.247.336,80 euros en 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024.
El juez sostiene que "se dan los elementos subjetivos del delito, dado que la conducta refleja la existencia de dolo defraudatorio".
Esta conducta implicaría "la intención consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de las obligaciones tributarias, descartando que los hechos respondan a un error contable, una discrepancia interpretativa o una negligencia, situaciones que carecen de relevancia penal".
El juez también decidió mantener las medidas cautelares impuestas a Romillo y a otras nueve personas procesadas, sin observar motivos para cambiar dichas medidas.
En el caso de Romillo, conocido también como 'CryptoSpain' y en prisión provisional desde noviembre pasado, se mantiene esta situación para "evitar el riesgo de fuga y la posible repetición delictiva". El magistrado señala que "el breve tiempo desde su imposición, apenas un mes, no justifica por sí solo ningún cambio".
Calama destaca que un informe de Hacienda es la única prueba de investigación que ha modificado los hechos expresados en el auto de procesamiento de diciembre anterior, donde se le atribuían presuntos delitos de estafa masiva y organización criminal, a los que ahora se suma el delito contra la Hacienda Pública.
En la resolución previa, Romillo fue calificado como presunto líder de la red que orquestó la supuesta estafa piramidal mediante la plataforma de inversión en criptomonedas.
Entonces, el juez procesó a los diez implicados y les impuso una fianza solidaria superior a 247 millones de euros. Se les acusa de presuntamente defraudar más de 185 millones de euros entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a 3.062 inversores, algunos representados por Aránguez Abogados.
