La pareja de Ayuso rechaza que García Ortiz continúe en la Fiscalía
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto un recurso contra la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de autorizar el regreso de su antecesor, Álvaro García Ortiz, a la carrera fiscal.
El escrito cuestiona la habilitación para su reincorporación en la Sección de lo Social del Ministerio Público en el Tribunal Supremo y solicita que se acuerde la pérdida de la condición de fiscal.
La impugnación, presentada ante la Fiscalía General del Estado y a la que ha tenido acceso Europa Press, también pide el acceso al expediente en el que se resolvió no apartar a García Ortiz de la carrera fiscal.
- Recurso y peticiones formuladas
- Sentencia del Supremo y efectos
- Criterio de la Fiscalía sobre la reincorporación
Recurso y peticiones formuladas
Según el recurso, González Amador solicita que se anule el expediente que permitió el regreso de García Ortiz y que se declare su incapacidad para el ejercicio de funciones fiscales por haber sido condenado por delito doloso a pena superior a seis meses.
En el mismo escrito se interesa la pérdida de la condición de fiscal, vinculándola a la citada causa de incapacidad y a la pena principal de inhabilitación para cargo público.
Además, se pide que se permita el acceso al expediente administrativo mediante el cual se decidió no expulsar a García Ortiz de la carrera fiscal.
Sentencia del Supremo y efectos
El Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos de González Amador a dos años de inhabilitación como fiscal general, así como al pago de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros.
Los magistrados precisaron en la sentencia que la inhabilitación afectaba únicamente al cargo de fiscal general del Estado. En ese mismo razonamiento, advirtieron de que resultaría excesiva su extensión a otros puestos, y dejaron en manos de la Fiscalía el nuevo destino del condenado.
Criterio de la Fiscalía sobre la reincorporación
La Fiscalía General del Estado autorizó el 13 de enero la incorporación de García Ortiz a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Según fuentes del Ministerio Público, la sentencia que impuso dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos le incapacitaba para el puesto que ocupaba, pero no para otros.
Las mismas fuentes señalaron que el reingreso se realizó conforme a las previsiones estatutarias, quedando sin efecto su anterior situación de servicios especiales, vigente durante el periodo en el que ejerció como fiscal general.
Desde el Ministerio Fiscal se indicó que el alcance del fallo quedaba claramente acotado: la sentencia impone la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por dos años, sin referencias adicionales a su condición de fiscal de carrera, al ejercicio de sus funciones fiscales ni a otros cargos análogos.
También se subrayó que esa delimitación resulta relevante porque el Código Penal obliga a los tribunales a concretar en la sentencia los empleos y cargos afectados por la inhabilitación, sin que proceda una extensión automática ni una interpretación expansiva u omnicomprensiva de su contenido.
