Consumo prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

La limitación de consumo de bebidas con más de 32 mg de cafeína por 100 ml se extenderá a menores de 18 años, apoyada por un 90% según Aesan

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado una nueva normativa para restringir la venta de bebidas energéticas a menores. Según la normativa, los jóvenes menores de 16 años no podrán adquirir estos productos, y para aquellos que contengan más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros, el límite subirá hasta los 18 años.

El anuncio se realizó en Barcelona, donde Bustinduy se reunió con representantes de la Gasol Foundation, entidad dedicada a combatir la obesidad infantil mediante programas de salud. El ministro destacó que esta medida cuenta con un respaldo social muy amplio: nueve de cada diez españoles están a favor, de acuerdo con el último barómetro publicado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

El mismo estudio revela que el 88,3% de los jóvenes entre 18 y 35 años apoyan esta prohibición. También alerta de que un 25% de los encuestados consume bebidas energéticas con una frecuencia media de dos veces por semana; cerca de la mitad las ingiere a diario y el 47% las mezcla con alcohol con regularidad.

  1. Restricciones en venta y consumo en menores
  2. Regulación de la publicidad de productos no saludables
  3. El alto consumo de alimentos no saludables entre niños y adolescentes

Restricciones en venta y consumo en menores

Esta nueva normativa se suma a la ya vigente prohibición de vender bebidas energéticas en colegios, que entró en vigor en 2025. La decisión se basa en informes del Comité Científico de Aesan, que advierten sobre los riesgos del consumo excesivo de cafeína, tales como alteraciones del sueño, efectos psicológicos negativos y problemas cardiovasculares.

En 2025, Asturias y Galicia instauraron de modo regional la prohibición de estos productos para menores de 16 años. El ministro Bustinduy subraya la importancia de unificar esta legislación a nivel nacional para garantizar la unidad de mercado. Además, países como Reino Unido, Alemania y Polonia han implementado o planean medidas similares.

Esta iniciativa surge tras las reuniones de un grupo de trabajo coordinado por Aesan, donde participan distintos ministerios y gobiernos autonómicos, con el objetivo de fortalecer la protección frente a esta problemática.

Regulación de la publicidad de productos no saludables

Paralelamente, el Ministerio de Consumo prepara una regulación para limitar la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a menores. Bustinduy señala que estos anuncios son "nocivos para su salud" y responde a una demanda social clara.

El barómetro de Aesan indica que el 80% de la población apoya la prohibición de publicidad de alimentos poco saludables para menores. El ministro destaca que, en España, un niño recibe más de 4.000 anuncios de este tipo de productos al año solo en televisión, cifra que se eleva a cerca de 11 diarios sumando otros canales, e incluso a 30 si se incluyen todas las plataformas disponibles.

La Organización Mundial de la Salud afirma que esta publicidad aumenta el consumo de calorías en niños y adolescentes, fomenta dietas poco nutritivas y perjudica su salud a largo plazo. Además, se usan técnicas persuasivas como influencers o ídolos deportivos, que vinculan estos productos con diversión y entretenimiento, reclamos muy atractivos para los jóvenes.

El alto consumo de alimentos no saludables entre niños y adolescentes

Estos hábitos alimentarios nocivos se reflejan en que un 80% de niños y adolescentes en España consumen alimentos y bebidas con altos niveles de grasas, azúcares y sal, ingredientes característicos de productos ultraprocesados, según datos de la Gasol Foundation.

Bustinduy enfatiza que "las empresas del sector tienen el deber de no promover el consumo de alimentos y bebidas que pongan en perjuicio el derecho a la salud en la infancia en nuestro país". Considera que esta regulación es una cuestión de salud pública imprescindible para proteger los derechos de los menores, aunque implique limitar a sectores poderosos.