Abogado de David Sánchez solicita anular juicio por prescripción y "raíz podrida" del caso
En la Audiencia Provincial de Badajoz se ha iniciado el proceso judicial contra David Sánchez Pérez-Castejón, expresidente de la Diputación de Badajoz, junto a Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas. El caso se centra en la contratación en 2017 del hermano del presidente del Gobierno en dicha institución provincial.
Durante la sesión de cuestiones previas, Emilio Cortés Bechiarelli, abogado de David Sánchez, solicitó la nulidad de la apertura del juicio oral, argumentando que la base de este procedimiento "está podrida". También afirmó que el presunto delito imputado a su cliente ha prescrito completamente, señalando la falta de fundamentos legales para continuar con el proceso.
- Delitos y denuncias iniciales
- Cuestiones previas planteadas por la defensa
- Prescripción y fundamentos de la petición de nulidad
Delitos y denuncias iniciales
El abogado de Sánchez recordó que la primera denuncia, presentada en mayo de 2024 por Manos Limpias, acusaba a su defendido y a otras personas de delitos contra la hacienda pública, seguridad social, malversación y fraudes. Sin embargo, estas imputaciones no figuran en el escrito de acusación formal presentado.
El denunciante utilizó recortes periodísticos y capturas del Boletín Oficial de la Provincia para fundamentar la acusación, junto con supuestas consideraciones relativas al absentismo laboral de Sánchez, que históricamente no ha sido considerado un delito penal en España. Además, se aludía a supuestas mordidas vinculadas a un pueblo portugués, afirmación que el abogado califica como una invención desmontada en un juicio reciente en la Audiencia Nacional.
Respecto a la acusación sobre el "abultado patrimonio" de Sánchez, el abogado aclaró que este aspecto no aparece en las conclusiones de la acusación, ni tampoco se señala ningún indicio sobre enriquecimiento injusto o delito fiscal.
Cuestiones previas planteadas por la defensa
En la fase inicial del juicio, Emilio Cortés planteó dos cuestiones de nulidad vinculadas a derechos fundamentales. La primera se refiere a la naturaleza prospectiva de la investigación, pues parte de denuncias y acusaciones que no se corresponden con los delitos formales imputados en el proceso.
La segunda cuestión se centra en la posible vulneración de la intimidad, debido a la autorización para incautar correos electrónicos corporativos de numerosas personas, una medida considerada desproporcionada por la defensa. También se cuestionó la validez de un informe y una segunda intervención de correos, solicitada tras considerar insuficiente la primera.
Prescripción y fundamentos de la petición de nulidad
El letrado destacó que la acusación principal ha buscado, tras ocho años, una revisión del procedimiento administrativo sobre actos que nunca fueron recurridos ni impugnados en su momento. Según afirmó, esta búsqueda responde a un "vamos a ver qué hay", intentando retirar algún defecto para mantener el proceso abierto.
Por último, se afirmó que el delito imputado a Sánchez es leve y está prescrito, ya que ha transcurrido más de cinco años desde su presunta comisión. Por este motivo, y por la falta de elementos objetivos que sustenten la denuncia, el abogado solicitó la nulidad del juicio, reafirmando la inocencia de su defendido.
