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justicia

Archivo - (I-D)Los acusados, Diego Montaña, Alejandro Freire, Kaio Amaral, y Alejandro Míguez, durante la vista de apelación, en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a 28 de abril de 2025, en A Coruña

El TS confirma penas de 20 a 24 años por el asesinato de Samuel Luiz

L.J.F. 29/12/25 Tiempo de lectura: 7 min.

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Constitucional de España, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

El TC lo aclara: la justicia no puede sustituir a la administración al sancionar

L.J.F. 29/12/25 Tiempo de lectura: 6 min.

Archivo - La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, interviene durante la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano, a 18 de mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid, (España).

La Audiencia de Madrid anula a Peinado pedir correos de Begoña Gómez a la UCO

L.J.F. 23/12/25 Tiempo de lectura: 4 min.

Archivo - La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su llegada a declarar por el ‘caso Begoña Gómez’ en los Juzgados de Plaza de Castilla, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Deloitte confirma presencia de la asesora de Begoña Gómez en reuniones UCM

L.J.F. 22/12/25 Tiempo de lectura: 4 min.

Archivo - El asesino de su mujer embarazada y su hijo en San Pobla, durante un juicio en la Audiencia Provincial de Baleares, a 17 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).

El Supremo ratifica la prisión permanente revisable por el doble asesinato en Mallorca

L.J.F. 22/12/25 Tiempo de lectura: 3 min.

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional.

La Policía acude al CNIO por la pesquisa de Fiscalía por presuntas irregularidades

L.J.F. 22/12/25 Tiempo de lectura: 1 min.

Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

PSOE entrega al juez un pen drive con pagos en efectivo de 2017 a 2024

L.J.F. 16/12/25 Tiempo de lectura: 3 min.

Archivo - El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras.

El TC persiste en la suspensión a Junqueras durante la tramitación de su amnistía

L.J.F. 16/12/25 Tiempo de lectura: 4 min.

<p>Un particular asegura que la mujer del presidente tendría fondos ocultos relacionados con el rescate</p>
<p> MADRID, 16 (EUROPA PRESS)</p>
<p> El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le informe de si han aparecido "nuevos" indicios sobre el rescate de Air Europa para investigarlos dentro de la causa que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a resultas de una nueva denuncia que ha formulado un particular.</p>
<p> Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid explica que actúa a raíz de una denuncia que ha presentado contra Gómez un particular que pide personarse en el procedimiento como acusación popular.</p>
<p> En dicho escrito, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, el particular asegura que existe información "sobre presuntas cuentas y depósitos bancarios" de Begoña Gómez "que pudieran guardar relación con su posible intervención en el rescate de Air Europa".</p>
<p> En este sentido, plantea a Peinado que hay "indicios suficientes para proceder a llevar a cabo una mínima labor de investigación de inteligencia financiera sobre la presunta existencia y titularidad de las cuentas y depósitos bancarios" a nombre de Gómez en República Dominicana que "pudieran ser el lucro o beneficio, contraprestación o comisión por su intervención en la consecución del rescate de Air Europa".</p>
<p> De igual forma, apunta que existirían "indicios y argumentos suficientes para poder llegar a una conclusión apriorística" de que las operaciones referidas pudieran "conllevar riesgo de blanqueo de capitales, por lo que resultaría procedente y necesario que se llevase a cabo una investigación judicial más profunda".</p>
<p> El denunciante sostiene que hay "indicios incriminatorios en los informes de la UCO y las investigaciones llevadas a cabo en otras instancias judiciales referidas al rescate de Air Europa y la supuesta intervención de Gómez en el mismo son múltiples y podrían calificarse --desde el punto de vista de un observador razonable-- de abrumadoras (...) e ignorarlas sería hacer un ejercicio de ceguera voluntaria (...) que podría dar lugar a indiscutibles lagunas de impunidad".</p>
<p>ENVÍA A LA UCO LA DENUNCIA</p>
<p> En esta misma línea, defiende que la investigación sobre la actuación de Gómez en el rescate de Air Europa "no puede considerarse como prospectiva" y recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid "no descartaba la posibilidad de llevar a cabo la investigación en el momento que aparecieran 'nuevos datos".</p>
<p> Así las cosas, el juez envía a la UCO el escrito, de 52 folios, que presentó el particular y le pide que aclare en un informe si han aparecido "nuevos" indicios sobre el rescate de Air Europa durante la pandemia.</p>
<p> La decisión de Peinado tiene lugar después de que el pasado noviembre la Audiencia Provincial de Madrid frenara por cuarta vez su intento de investigar a la esposa del presidente del Gobierno por la ayuda concedida a la aerolínea de Globalia.</p>
<p> El órgano dio la razón a la defensa de Gómez y a la Fiscalía al considerar que la petición del instructor no tenía fundamentación y se refería a noticias periodísticas que no se investigan en la causa.</p>
<p> De esta forma, la investigación que dirige Peinado contra Gómez de momento se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación; todo ello, enmarcado en las labores de la esposa del presidente respecto a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y las labores desarrolladas por Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa.</p>

UCO realiza nueva investigación sobre Air Europa por solicitud de Peinado

L.J.F. 16/12/25 Tiempo de lectura: 3 min.

<p> García Alconchel niega irregularidades en las gestiones que realizó con Servinabar</p>
<p> MADRID, 15 (EUROPA PRESS) </p>
<p> El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' ha prohibido salir del país a Manuel José García Alconchel, quien fuera director de la zona sur de Acciona Construcción España, al tiempo que le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.</p>
<p> Así consta en un auto en el que el instructor Leopoldo Puente explica que ha adoptado esta decisión a petición del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. El fiscal ha reclamado estas medidas cautelares en una vista que se ha celebrado este lunes después de que García Alconchel compareciera como investigado en el marco de la causa en la que se indaga en una presunta trama de amaños en licitaciones de obra pública a cambio de mordidas.</p>
<p> Las acusaciones populares se han adherido a la petición de la Fiscalía, mientras que la defensa ha mostrado su oposición. El magistrado ha accedido a la solicitud, después de que el pasado 3 de diciembre el instructor acordara aplicar las mismas medidas a otros dos exdirectivos de la constructora: Justo Vicente Pelegrini, quien fuera director de Construcción de Acciona para España, y a Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de la compañía.</p>
<p> El magistrado acordó la imputación de los tres a raíz de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.</p>
<p>INDICIOS DE COHECHO E INTEGRACIÓN EN ORGANIZACIÓN CRIMINAL </p>
<p> El instructor considera que hay suficientes indicios de que García Alconchel habría cometido delitos de integración en organización criminal y cohecho para prohibir su salida del país e imponer el resto de medidas cautelares que ha acordado.</p>
<p> Puente sostiene que García Alconchel habría firmado --en nombre de Acciona Construcción y con "pleno conocimiento" de Pelegrini-- un memorándum de entendimiento en el que se fijaba que la constructora "abonaría a Servinabar un 2% del importe total de la adjudicación" de la obra pública correspondiente a la reforma del Puente del Centenario en Sevilla.</p>
<p> Asimismo, destaca que el exdirectivo "habría procedido a contar en la ejecución de la mencionada obra, con un solo trabajador de la empresa Servinabar, precisamente Antonio Muñoz Cano, cuñado de Cerdán, desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2022".</p>
<p> Y, al hilo, apunta que fue el propio García Alconchel "quien dispuso lo necesario" para el traslado del cuñado de Cerdán, "habida cuenta de que éste carecía, incluso, de medios propios para desplazarse por sí mismo hasta el lugar de la obra".</p>
<p> Además, el magistrado recalca que "solo dos días antes" de que Ábalos, Cerdán y el exasesor ministerial Koldo García se desplazaran a Marruecos, García Alconchel --en nombre de Acciona-- "habría suscrito un contrato más con Servinabar" tras identificar una oportunidad de negocio para la construcción de un puerto en Marruecos, previsiblemente en Kenitra.</p>
<p> "En tal sentido, las medidas cautelares de naturaleza personal que han sido interesadas aquí por las acusaciones no es solo que resultan precisas, con el fin de asegurar, en la medida razonablemente posible, que el investigado no pudiera sustraerse a la acción de la justicia y que comparecerá en la causa cuando fuere llamado (...), sino que también resultan plenamente proporcionadas en tanto, solo de forma ligera e indispensable, limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria", señala el instructor.</p>
<p>DESCARGA RESPONSABILIDAD EN SU JEFE</p>
<p> Este lunes, García Alconchel ha descargado la responsabilidad de la alianza con Servinabar, en el que fuera su jefe, Justo Vicente Pelegrini, también investigado. Además, interrogado sobre la contratación del cuñado del ex dirigente socialista como peón, ha contado que no tenía ni medios para llegar a la oficina, por lo que tuvieron que llevarle. "Resulta casi cómico", ha reaccionado el magistrado.</p>
<p> En este sentido, ha asegurado que no fue él quien decidió trabajar con Servinabar, sino Pelegrini, según las fuentes consultadas. De acuerdo con la UCO, éste firmó el acuerdo marco de 2015 y los exdirectores de la zona sur y norte fueron suscribiendo los sucesivos Memorándum de Entendimiento (MoE) ante cada proyecto.</p>
<p> García Alconchel ha relatado que cuando empezó a trabajar en los proyectos, en 2018, Servinabar ya había pasado todos los "filtros" y tenía alianzas con la constructora. Y ha precisado que fue su superior, Pelegrini, quien le comentó la colaboración con la empresa que la UCO vincula a Cerdán.</p>
<p> En el contexto de las obras adjudicadas en Sevilla, también se le ha preguntado por la contratación del cuñado de Cerdán como peón. La UCO detalla que estuvo contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, por lo que recibió 53.130,30 euros.</p>
<p> Según ha expuesto el propio García Alconchel, el cuñado de Cerdán fue contratado por Servinabar para la obra del Puente Centenario de Sevilla, pero en la obra del acceso al puerto de la capital andaluza hizo labores de supervisor de seguridad, para lo que ha afirmado que se le dio formación.</p>
<p> Al magistrado le ha extrañado que una persona contratada como peón en una obra acabara de supervisor de seguridad en otra, a lo que García Alconchel ha replicado que esas labores se suelen subcontratar y, en este caso, la constructora no tenía personal propio que lo hiciera.</p>
<p> Acciona Construcción ha negado el pago de comisiones a ninguna de las personas señaladas en la causa judicial, indicando que se reserva el derecho a ejercer las acciones legales oportunas si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo para la compañía como consecuencia de la actuación de los investigados o de cualquier otro.</p>

El Supremo restringe salida del país a exdirectivo de Acciona en caso Koldo

L.J.F. 15/12/25 Tiempo de lectura: 3 min.

<p> Anticorrupción pide 12 años de prisión para el comisario jubilado y 4 años y medio para su socio </p>
<p> MADRID, 15 (EUROPA PRESS)</p>
<p> Un agente de la Policía Nacional ha declarado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por el 'Proyecto Grass', que éste y su socio, Rafael Redondo, buscaron "desactivar" a los empresarios Luis Pérez Gil y Joaquín Molpeceres por medio de encontrarles "marrones", tales como cuentas bancarias en el extranjero o "posibles sobornos en el Puerto de Denia".</p>
<p> Así ha testificado este lunes el agente, a quien la Fiscalía ha identificado como el "investigador principal a nivel policial" del 'Proyecto Grass', por el que están siendo juzgados Villarejo, Redondo y el empresario Antonio Erico Chávarri, por un presunto espionaje empresarial.</p>
<p> Chávarri, cuya mercantil Acisclo Gestión de Patrimonios entró en concurso en 2012, habría contratado ese año al comisario jubilado y a su socio presuntamente por más de 400.000 euros para buscar actuaciones ilícitas llevadas a cabo por Pérez Gil, que intervenía como administrador en el procedimiento del concurso y por Molpeceres, principal acreedor.</p>
<p> Preguntado por la Fiscalía sobre cómo pretendían "desactivar" a los empresarios, el agente ha respondido que, en los informes de CENYT --la sociedad de Villarejo-- aparece que Pérez Gil "estaría recibiendo dinero en efectivo" de otros concursados que, posteriormente "ingresaría en cuentas opacas" de Andorra o en Liechtenstein a través de una red de fundaciones.</p>
<p> Además, el policía ha relatado que en esos informes también hay información sobre presuntos "pagos a jueces de lo mercantil" para obtener más concursos.</p>
<p> Respecto a Molpeceres, "se habla de posibles sobornos en el puerto de Denia" y "de entregas de maletines" en Madrid, ha precisado.</p>
<p>LAS PRUEBAS "CASABAN TOTALMENTE"</p>
<p> El agente ha explicado que las fuentes de prueba en las que se basó su investigación fueron tres: la documentación y los informes de CENYT; unos audios con las reuniones entre el excomisario, su socio y Echávarri y las notas manuscritas de Villarejo.</p>
<p> Dichas pruebas, según el agente, "casaban totalmente", en el sentido de que los informes "cuadran en sus fechas con lo que se dice en los archivos de audio y con lo que se contienen las anotaciones manuscritas".</p>
<p> La defensa de Echávarri, ejercida por el abogado Mauro Jordán, ha preguntado si la Policía investigó sobre los movimientos en esas cuentas, a lo que el agente ha respondido que no, pues el empresario no era "objeto de la investigación". Tras esto, Jordán ha inferido que la información sobre las cuentas en el extranjero "era algo que se inventaba Villarejo".</p>
<p> "Yo no sé si es cierto o no es cierto, entre otras cosas porque eso requeriría de una investigación y, seguramente, de una orden europea de diligencias en el marco de una investigación que por la Unidad de Asuntos Internos no se ha hecho", ha declarado el policía.</p>
<p> En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción pide 12 años de cárcel para Villarejo por presuntos delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.</p>
<p> El Ministerio Público también dirige su acusación contra Redondo, para quien solicita 4 años y 6 meses de prisión por cohecho pasivo y falsedad en documento mercantil. Chávarri, por su parte, se enfrenta a 7 años de cárcel por los mismos delitos.</p>
<p>MÁS DE 400.000 EUROS POR LA INVESTIGACIÓN</p>
<p> En su escrito, la Fiscalía señala que Chávarri "abonó entre 2012 y 2014 a CENYT y a Stuart & Mckenzie, integradas ambas en Grupo CENYT, cuyo titular real era Villarejo, la cantidad total de 411.400 euros".</p>
<p> El agente ha desglosado esa cantidad y ha detallado que pagaron "90.000 euros de provisión de fondos que se abonan en 2012, 45 más IVA y 45 más IVA", en noviembre de ese año, y 250.000 euros condicionados "al éxito" del trabajo, percibidos entre abril de 2013 y enero de 2014 en siete pagos.</p>
<p> Villarejo, comisario de la Policía Nacional en el momento de asumir ese encargo, se presentó a Chávarri como "maderos del sector privado", tal y como ha declarado el uniformado que consta en uno de los audios incautados.</p>
<p> En concreto, según el policía, el excomisario pormenorizó la actividad de CENYT explicando que allí trabajaban "antiguos funcionarios de policía" que hacían "análisis de información".</p>
<p> En esta primera sesión ha declarado este agente, que ha respondido a todas las partes, y otros tres policías, que también participaron en la investigación y han ratificado sus actuaciones.</p>
<p> Además, las defensas de los acusados han presentado sus cuestiones previas. El abogado de Villarejo ha alegado una vulneración del derecho a la defensa por la "inadmisión completa de la prueba" por parte del tribunal.</p>
<p> El juicio continuará este martes a las 11 de la mañana en la Audiencia Nacional con la declaración de más testigos.</p>
<p>"TODO TIPO DE INFORMACIÓN PERSONAL" </p>
<p> Según el escrito de la Fiscalía, Villarejo actuó "ante las sospechas de Chávarri de que ambos pudieran actuar de común acuerdo para perjudicar sus intereses en dicho procedimiento".</p>
<p> "Asimismo, el objeto del encargo realizado por Chávarri y aceptado por Villarejo vino referido a la obtención de todo tipo de información personal, incluida la relativa a eventuales actuaciones irregulares en que ambos pudieran haber intervenido y ajenas al procedimiento concursal, sobre Molpeceres y Pérez que pudiera ser utilizada por el propio Chávarri Aricha para mejorar su posición en el procedimiento concursal que afectaba a su sociedad Acisclo Gestión de Patrimonios", relata el escrito.</p>
<p> En el curso de la ejecución de ese encargo, apunta Anticorrupción, Villarejo y Redondo se hicieron con los tráficos de llamadas entrantes y salientes de Pérez correspondientes a los días 15 de septiembre de 2012 a 13 de octubre de 2012. "Dichos tráficos de llamadas, a su vez, fueron facilitados por Villarejo Pérez y Redondo a Chávarri", anuda la Fiscalía.</p>
<p> "A cuenta de los servicios prestados por la ejecución del 'proyecto Grass', Villarejo y Redondo, por un lado, y Chávarri, por otro, manipularon los conceptos de las facturas, haciendo constar que los servicios prestados respondían a servicios de auditoría de seguridad de sistemas de información, identificación y propuesta de solución de 3 vulnerabilidades y a una colaboración profesional, ocultando, con ello, que se trataba de servicios de investigación prestados por un funcionario público en servicio activo", apostilla el escrito.</p>

"Villarejo trató de neutralizar a empresarios mediante sobornos"

L.J.F. 15/12/25 Tiempo de lectura: 3 min.

<p> PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)</p>
<p> El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha acudido este lunes a firmar en el juzgado de Tafalla, tal y como le ordenó el juez que hiciera cada quince días tras su puesta en libertad.</p>
<p> A su salida del juzgado, Santos Cerdán no se ha querido detener ante los numerosos medios de comunicación que le aguardaban en la calle y se ha limitado a decir que no sabe nada de la presunta trama de corrupción en la SEPI y que dará la cara "cuando la tenga que dar".</p>
<p> Es la segunda vez que Santos Cerdán acude a firmar al juzgado en Tafalla, después de que ya lo hiciera el pasado 1 de diciembre, tras su salida de la cárcel de Soto del Real el pasado 19 de noviembre.</p>
<p> El exdirigente socialista ha acudido a Tafalla a primera hora de este lunes. A su salida, ha sido preguntado por los periodistas si sabía algo de los presuntos amaños en la SEPI, tras la detención del que fuera presidente de este organismo, Vicente Fernández, así como de la exmilitante socialista Leire Díez y el dueño de la empresa Servinabar, Antxon Alonso. La respuesta de Santos Cerdán ha sido que no sabe "nada".</p>
<p> Además, preguntado sobre el hecho de que dijo en su momento que iba a dar la cara, ha señalado que "la daré cuando la tenga que dar".</p>
<p> Tras ello, no ha contestado a más preguntas de los medios de comunicación y se ha subido en un coche para abandonar el lugar.</p>

Cerdán niega tener conocimiento de presuntos fraudes en la SEPI

L.J.F. 15/12/25 Tiempo de lectura: 2 min.

<p> MADRID, 13 (EUROPA PRESS)</p>
<p> La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña que deje en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos.</p>
<p> Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la fiscal Elisa Lamelas ha solicitado que los tres salgan en libertad y que se les impongan comparecencias en los juzgados y retirada del pasaporte. Al no haber ninguna otra parte, el juez no podrá acordar prisión para ninguno de ellos.</p>
<p> Los tres detenidos han llegado en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado. El magistrado, por su parte, ha comenzado a tomarles declaración a las 10.00 horas.</p>
<p> Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.</p>
<p> La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.</p>
<p> El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que --según las pesquisas de la UCO-- está vinculada a Cerdán.</p>
<p> Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.</p>
<p> También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados "con total colaboración", agregando que "fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos".</p>
<p> Además de ellos tres, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. Fuentes del caso consultadas por Europa Press elevan los investigados en estas pesquisas a más de una docena.</p>
<p>DÍEZ TRABAJÓ PARA EMPRESAS DE LA SEPI</p>
<p> La exmilitante del PSOE también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.</p>
<p> El juez Artuzo Zamarriego considera que la exconcejal socialista "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".</p>
<p> Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez que mantuvo dos reuniones con Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores. E hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 entró en Enusa, donde estuvo hasta 2021, cuando se fue con una excedencia voluntaria a Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas compañías dependientes de la SEPI.</p>
<p>SERVINABAR PAGÓ A FERNÁNDEZ</p>
<p> Por su parte, Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el 'caso Aznalcóllar', por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto este año.</p>
<p> Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la información tributaria de Servinabar.</p>
<p> En esos documentos se detalla que Fernández recibió de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.</p>
<p>LA SEGUNDA IMPUTACIÓN DE ALONSO</p>
<p> Alonso, administrador único de Servinabar, está siendo también investigado por el Supremo en la pieza del 'caso Koldo' relativa a la presunta trama de amaños de obra pública.</p>
<p> Cuando tuvo que declarar el pasado 8 de julio ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, el empresario negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, desvinculó a Cerdán de dicha empresa y reconoció que realizó pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.</p>
<p> Alonso defendió que él siempre ha sido socio único de Servinabar, quitando validez al contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de esa empresa, que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.</p>

Libertad con medidas cautelares solicitada para Leire Díez

L.J.F. 13/12/25 Tiempo de lectura: 3 min.

<p> MADRID, 11 (EUROPA PRESS)</p>
<p> El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado este jueves la apertura de juicio oral para el exministro José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes durante la pandemia, al tiempo que ha acordado mantener en prisión a los dos primeros.</p>
<p> El instructor del 'caso Koldo' ha adoptado esta decisión después de que esta misma semana la Sala de Apelación rechazara los recursos de ambos acusados a su decisión de procesarles por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.</p>
<p> La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan los misma pena que el Ministerio Público.</p>
<p> De cara al juicio, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares pidieron al magistrado que acordara el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el riesgo de fuga que apreciaban por las altas penas reclamadas. El instructor les dio la razón y envió a los dos a la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 28 de noviembre.</p>
<p> Puente envía a juicio a los tres acusados después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública. </p>

Ábalos y Koldo afrontarán juicio y siguen detenidos

L.J.F. 11/12/25 Tiempo de lectura: 1 min.

<p> MADRID, 10 (EUROPA PRESS)</p>
<p> La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha avalado la decisión del magistrado Leopoldo Puente de procesar al exministro José Luis Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.</p>
<p> Los magistrados Antonio del Moral, Pablo Llarena y Juan Ramón Berdugo así lo han acordado en una resolución que se ha dado a conocer este miércoles, en la que desestiman los recursos que presentaron Ábalos y Koldo contra el auto del pasado 3 de noviembre en el que Puente propuso juzgarles por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.</p>
<p> El magistrado considera que Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama "se concertaron" para aprovechar la condición del ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".</p>
<p> Puente dio paso después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.</p>
<p> La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan los misma pena que el Ministerio Público.</p>
<p> De cara al juicio, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares pidieron al magistrado que acordara el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el riesgo de fuga que apreciaban por las altas penas reclamadas. El instructor les dio la razón y envió a los dos a la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 28 de noviembre.</p>
<p>((HABRÁ AMPLIACIÓN)) </p>

El Supremo respalda investigar a Ábalos y Koldo por irregularidades en mascarillas

L.J.F. 10/12/25 Tiempo de lectura: 3 min.

<p> Cree que existe un "cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente" contra García Ortiz</p>
<p> MADRID, 9 (EUROPA PRESS) </p>
<p> El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", indicando que en este caso la revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- lo fue tanto por la filtración a los medios del 'email' donde el empresario se ofrecía a confesar como por la posterior publicación de una nota de prensa que lo mencionaba.</p>
<p> La sentencia se ha conocido este martes, casi tres semanas después de que el tribunal que juzgó a García Ortiz adelantara el fallo por el que acordó condenarle a dos años de inhabilitación para el cargo, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros por daños morales.</p>
<p> En el texto, de 180 folios, el TS da por probado que fue García Ortiz o "una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento" quien filtró la noche del 13 de marzo de 2024 a la 'Cadena SER' el correo enviado el 2 de febrero de ese año por el abogado de González Amador a Fiscalía para ofrecer que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que se le investigaba a cambio de eludir la cárcel.</p>
<p> En este punto, el tribunal llama la atención sobre la llamada de WhatsApp que el periodista de la radio hizo a las 21:38 a García Ortiz y que duró "cuatro segundos", a pesar de que ambos negaron que llegaran a hablar. Para el TS, esa conexión sugiere "contactos ulteriores por otras vías telemáticas".</p>
<p> Los magistrados también apoyan la condena en la difusión, a las 10:22 horas del 14 de marzo, de la nota de prensa de la Fiscalía donde se detallaba el intercambio de 'emails' entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, incluido el hecho de que reconocía la autoría de esos dos delitos fiscales.</p>
<p> A este respecto, recuerdan que García Ortiz asumió desde el primer momento la autoría de ese comunicado, así como que su jefa de prensa reconoció que "le dictó párrafos concretos" y que ambos formaron el "consejo de redacción" para ese texto.</p>
<p> El tribunal considera que la divulgación de la información reservada se materializó tanto por la filtración del 'email' como por la publicación de la nota informativa, que constituyen "una unidad de acción". "La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa", afirma.</p>
<p> García Ortiz esgrimió que el comunicado era necesario para desmentir lo que consideraba un "bulo", en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo por 'El Mundo', donde se decía que fue Fiscalía quien ofreció pactar, en vez de al revés; y a las siguientes informaciones que apuntaban que el pacto se había frenado por "órdenes de arriba".</p>
<p> Sin embargo, el Supremo resuelve que "el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, como la divulgación de un escrito de reconocimiento de un hecho para evitar el juicio, incluso cuando el investigado ha insinuado un comportamiento del Ministerio Fiscal no procedente".</p>
<p>"UN DEBER REFORZADO DE RESERVA" </p>
<p> El tribunal razona que "la negación de una noticia incierta no requiere la afirmación pública de la responsabilidad penal reconocida" por una persona bajo investigación porque eso puede lesionar los derechos de defensa y a la presunción de inocencia que la Fiscalía debe garantizar, enfatizando que "sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación".</p>
<p> En consecuencia, rechaza la tesis de que "lo que ya haya sido divulgado no merezca la protección dispensable a la información secreta o reservada, o que todo aquello que ya es conocido por el público se sitúe extramuros de la tutela penal que se dispensa a informaciones que puedan comprometer" derechos fundamentales.</p>
<p> Por eso, establece que el hecho de que algunos medios dispusieran del correo electrónico de 2 de febrero de 2024 antes de que le llegara a García Ortiz, a las 21:59 horas del 13 de marzo por 'email', "no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general".</p>
<p> Pese a ello, el Supremo no cuestiona la "credibilidad" de los periodistas ni la veracidad de sus testimonios. Simplemente expone que no son suficientes para exonerarlo.</p>
<p>"NO SE ENTIENDE" LA "PREMURA"</p>
<p> A la filtración del correo y la difusión de la nota, el TS suma como indicios "la secuencia temporal de comunicaciones, la urgencia mostrada en la obtención de los correos, (...) el posterior borrado de los registros, los recelos expresados por sus subordinadas sobre la filtración, junto al hecho de que ninguna otra persona distinta al letrado de González Amador, el fiscal Salto, la fiscal provincial y el propio fiscal general y su entorno pudieron participar en la filtración".</p>
<p> Los magistrados repasan las horas clave de la noche del 13 de marzo, en las que García Ortiz activó a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para que reclamase al fiscal Salto la cadena completa de correos que intercambió con la defensa de González Amador.</p>
<p> "Tan apremiante era el encargo que no dudaron en hacer salir al fiscal Salto del partido de fútbol al que en ese momento estaba asistiendo, para proceder de forma inmediata a la remisión de los correos", apuntan.</p>
<p> El Supremo no entiende la "premura" de tal actuación. "Desde luego, no eran necesarios los correos para negar públicamente que hubiera dado órdenes para que no se llegara a una conformidad en el asunto de González Amador", concluye.</p>
<p> De hecho, desestima el argumento del fiscal general de que era necesario difundir la nota de prensa para cumplir con el deber de informar de la Fiscalía.</p>
<p>EL BORRADO Y LAS ADVERTENCIAS DE LASTRA </p>
<p> Asimismo, el Supremo recalca que "no existe" norma alguna que obligase a García Ortiz a borrar el contenido de su teléfono móvil "casualmente el día 16 de octubre de 2024, tan solo un día después" de que se abriera la causa en su contra.</p>
<p> Para los magistrados, la causa explicativa del borrado "no puede ser otra que la estratégica destrucción de toda la información que pudiera comprometer la tesis exoneratoria que hace valer, con toda legitimidad, García Ortiz".</p>
<p> De igual forma, el tribunal se apoya en la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien manifestó que desde el primer momento advirtió de que la información podía filtrarse. Según ella, preguntó directamente a García Ortiz si lo había hecho y él contestó: "Eso ahora no importa". El Supremo cree que con ello reconoció "indirectamente su participación en la filtración".</p>
<p>NO HAY "ALTERNATIVA" CREÍBLE</p>
<p> El Supremo estima que todo esto dibuja un "cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente" contra García Ortiz, haciendo hincapié en que "no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolló en la Fiscalía General del Estado y que el propio fiscal tuvo una participación directa".</p>
<p> El TS se detiene a analizar la tesis de la defensa de que hasta 600 personas tenían acceso a la información sensible para rechazarla, porque solo el "entorno próximo" al fiscal general sabía que afectaba al novio de Díaz Ayuso, y porque "evidenciaría una brecha de seguridad importante" que habría "merecido" una actuación del servicio de inspección que no hubo. Esa "indiferencia institucional (...) sólo es entendible a partir de la interesada pasividad" de García Ortiz, afea.</p>
<p> Por último, dice que se ha probado que "al menos" hubo esa filtración a la Cadena SER, ya que constata que "sobre este mismo asunto se han producido otras dos filtraciones, la del expediente tributario y la de la nota de prensa". "Filtraciones que no son objeto de este procedimiento pero revelan una forma de actuar, un tanto anómala, sobre este objeto procesal", desliza.</p>

El TS dictamina que el fiscal general incurrió en delito al responder a una noticia falsa

L.J.F. 09/12/25 Tiempo de lectura: 6 min.

<p> Cinco de siete magistrados creen que existe un "cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente" contra García Ortiz</p>
<p> MADRID, 9 (EUROPA PRESS)</p>
<p> El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", indicando que en este caso la revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- lo fue tanto por la filtración a los medios del 'email' donde el empresario se ofrecía a confesar como por la publicación de la nota de prensa que lo mencionaba.</p>
<p> La sentencia se ha conocido este martes, casi tres semanas después de que el tribunal que juzgó a García Ortiz adelantara el fallo por el que acordó condenarle a dos años de inhabilitación para el cargo y multa de 7.200 euros, así como a indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.</p>
<p> El texto, de 180 folios, considera que existe un "cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente" para considerar que fue García Ortiz o una persona de su entorno y con su conocimiento quien filtró la noche del 13 de marzo a la 'Cadena SER' el correo enviado el 2 de febrero de ese año por el abogado de González Amador a Fiscalía para ofrecer que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que se le investigaba a cambio de eludir la cárcel.</p>
<p> También apoya la condena en la publicación, a las 10:22 horas del 14 de marzo, de la nota de prensa difundida por la Fiscalía donde daba detallada cuenta del intercambio de 'emails' entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, incluido el hecho de que reconocía la autoría de esos dos delitos fiscales.</p>
<p> Para el tribunal, la divulgación de la información reservada se materializó tanto por la filtración del 'email' como por la publicación de la nota informativa, que constituyen "una unidad de acción". "La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa", afirma.</p>
<p> García Ortiz esgrimió que dicho comunicado era necesario para desmentir lo que consideraba un "bulo", en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo por 'El Mundo', donde se decía que fue Fiscalía quien ofreció pactar, en vez de al revés; así como a las siguientes informaciones que apuntaban que el pacto se había frenado por "órdenes de arriba".</p>
<p> Sin embargo, el tribunal resuelve que "el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, como la divulgación de un escrito de reconocimiento de un hecho para evitar el juicio, incluso cuando el investigado ha insinuado un comportamiento del Ministerio Fiscal no procedente".</p>
<p> "UN DEBER REFORZADO DE RESERVA" </p>
<p> En este sentido, indica que "la negación de una noticia incierta no requiere la afirmación pública de la responsabilidad penal reconocida" que, subraya, puede lesionar los derechos de defensa y a la presunción de inocencia que la Fiscalía debe garantizar, enfatizando que "sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación".</p>
<p> En consecuencia, rechaza la tesis de que lo que ya haya sido divulgado no merezca la protección dispensable a la información secreta o reservada, o que todo aquello que ya es conocido por el público se sitúe extramuros de la tutela penal que se dispensa a informaciones que puedan comprometer el derecho a la presunción de inocencia.</p>
<p> "El deber de confidencialidad del fiscal general del Estado --en términos generales, de cualquier funcionario del Ministerio Fiscal-- no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo ya ha sido objeto de tratamiento público", sostienen los magistrados.</p>
<p> Por eso, establecen que el hecho de que algunos medios dispusieran del correo electrónico de 2 de febrero de 2024 antes de que le llegara a García Ortiz, a las 21:59 horas del 13 de marzo por 'email', "no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado".</p>
<p> No obstante, el tribunal no cuestiona la credibilidad de los periodistas ni la veracidad de sus testimonios, al tiempo que destaca el "exquisito respeto" que ha tenido hacia su secreto profesional.</p>
<p> García Ortiz dimitió el pasado 24 de noviembre, cuatro días después de comunicarse el fallo. Posteriormente, el Gobierno anunció que la fiscal de sala del TS Teresa Peramato era la candidata para relevarle como jefe del Ministerio Público.</p>
<p> Junto a la sentencia consta el voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, que se han desmarcado de sus compañeros --Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela--. Polo era la encargada de redactarla pero, dada su discrepancia, la tarea recayó en Martínez Arrieta. El cambio de ponente y la obligación de comunicarlo a las partes fue lo que propició que se avanzara el fallo, según fuentes jurídicas.</p>

El Supremo sanciona al fiscal general por su reacción ante una noticia falsa

L.J.F. 09/12/25 Tiempo de lectura: 5 min.

<p> MADRID, 4 (EUROPA PRESS)</p>
<p> La Fiscalía Anticorrupción ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Koldo' que un teléfono móvil de Joseba García, hermano del exasesor del exministro José Luis Ábalos, tiene "información relevante" para la causa.</p>
<p> A través de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno da cuenta de que Anticorrupción le ha remitido un oficio sobre ese dispositivo en el marco de la pieza separada de entradas y registros.</p>
<p> Ese oficio, según el juez instructor, "participa que el teléfono móvil titularidad de Joseba García contenía información relevante para la investigación", añadiendo Moreno que está "pendiente de ser analizada" y "a la espera de recibir el correspondiente informe".</p>
<p> Joseba García, que se encuentra investigado en esta causa por la Audiencia Nacional, acusó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de realizar una interpretación "arbitraria y selectiva" de sus movimientos patrimoniales para concluir que el incremento de su patrimonio se debe a una actuación común de la familia para ocultar el mismo.</p>
<p> Una testigo que declaró en el Tribunal Supremo por esta causa aseguró que dio hasta 20.000 dólares en efectivo al hermano de Koldo en República Dominicana por orden de un socio del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.</p>
<p> Los investigadores de la UCO plasmaron en un informe que esa testigo habría dado dinero en metálico a Joseba García en el marco de dos viajes que éste hizo a República Dominicana en 2021, uno del 31 de octubre al 4 de noviembre y otro del 13 al 16 de diciembre.</p>
<p> Joseba García reconoció en su declaración como testigo en el Supremo que fue en dos ocasiones a República Dominicana, pero sostuvo que eran viajes de "placer", en concreto para conocer personalmente a una mujer con la que había entablado contacto.</p>
<p> Asimismo, admitió que le pidieron que estando allí pasara a "saludar" a esa testigo y que ésta le dio unos "papeles" para Aldama, con quien García declaró que se vio varias veces porque le estaba comprando un coche. Joseba dijo que nada más volver a España se los entregó al chófer del empresario sin mirarlos.</p>
<p> Su nombre también apareció en boca de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos que admitió en el Supremo que se la contrató en empresas públicas por intermediación de Joseba porque él tenía relación con las compañías.</p>

Anticorrupción informa que el móvil del hermano de Koldo contiene datos

Redacción 05/12/25 Tiempo de lectura: 3 min.

<p>Anticorrupción sostiene que se mantiene el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas </p>
<p> MADRID, 4 (EUROPA PRESS) </p>
<p> La Fiscalía ha pedido este jueves mantener en prisión provisional a Álvaro Romillo, el empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, por una presunta estafa piramidal cometida con la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).</p>
<p> Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que, en la vistilla celebrada en la Audiencia Nacional, la fiscal de Anticorrupción Mar Scharfhausen ha defendido que se mantienen las circunstancias que motivaron su ingreso en prisión: el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.</p>
<p> En esa misma vistilla, la acusación popular ejercida por Zaballos Abogados ha respaldado la petición del Ministerio Público destacando que todavía hay siete millones y medio de euros en criptomonedas a los que tendría acceso Romillo y que todavía no han podido ser recuperados.</p>
<p> En esta línea, fuentes jurídicas han señalado que la acusación popular ha argumentado que también estaría pendiente la trazabilidad de grandes cantidades de dinero a las que podría acceder 'Cryptospain' en caso de ser puesto en libertad.</p>
<p> La vista, que ha comenzado a las 11.00 horas y se ha extendido media hora, fue fijada por la Sala de lo Penal como respuesta al recurso que presentó el empresario contra su entrada en la cárcel el pasado 7 de noviembre.</p>
<p>UNA "ORGANIZACIÓN CRIMINAL DIRIGIDA" POR ROMILLO</p>
<p> El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza para Romillo un día después de ordenar su detención para "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia" y "asegurar" su puesta a disposición judicial.</p>
<p> El magistrado apuntó a una "organización criminal creada y dirigida" por Romillo, tras descubrir una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada al empresario.</p>
<p> Calama argumentó que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al tiempo que subrayó que se trata de "hechos que presentan caracteres de delito sancionados con pena superior a dos años de prisión" y con miles de afectados.</p>
<p> En concreto, el juez cifró en 3.062 los inversores perjudicados por la plataforma MIC, de los cuales 2.976 "desembolsaron un total de 185.511.947,76 euros".</p>
<p> Asimismo, el magistrado detalló que el dinero que los inversores ingresaron en las cuentas indicadas en la plataforma MIC "no eran destinadas a las inversiones o compras" de esas criptomonedas, sino "directamente desviadas a otras cuentas del entramado societario" que habría creado Romillo.</p>

Piden mantener en prisión al empresario que dio 100.000€ a 'Alvise'

Redacción 04/12/25 Tiempo de lectura: 2 min.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a 25 de noviembre de 2025, en Manzanares, Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España).
- Eusebio García del Castillo - Europa Press

Torres pide "dejar que la justicia investigue" tras la petición de cárcel para Ábalos: "Absoluto respeto"

L.J.F. 27/11/25 Tiempo de lectura: 2 min.