Bruselas advierte a España con sanciones por incumplir normas laborales sobre amianto

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas.
Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas.

La Comisión Europea ha dirigido una advertencia formal al Gobierno español para que complete la incorporación de las normas comunitarias sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al amianto. Si España no realiza estos ajustes, Bruselas podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitar la imposición de una sanción económica.

Este proceso es la segunda fase de un expediente de infracción que también afecta a Chipre, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia, los cuales no han comunicado aún las medidas legales que adoptaron para cumplir completamente con la normativa europea. El plazo para esta transposición terminó en diciembre de 2021, aunque algunos aspectos se extienden hasta 2029.

La Comisión recuerda que el amianto es un material cancerígeno, responsable aproximadamente del 75 % de los cánceres laborales en la Unión Europea, lo que subraya la importancia de una regulación estricta para proteger la salud de los trabajadores.

  1. Normativa y protección
  2. Plazos y medidas

Normativa y protección

La directiva europea establece reglas específicas para reforzar la protección contra la exposición al amianto en el ámbito laboral. Entre ellas, destaca la reducción del límite permitido de fibras de amianto en el aire de 0,1 a 0,01 por centímetro cúbico, adaptándose a los avances científicos y técnicos más recientes.

Plazos y medidas

El procedimiento arrancó en enero de 2026, cuando Bruselas envió cartas de emplazamiento a diez países afectados. Mientras cuatro gobiernos respondieron a las reclamaciones comunitarias, seis, incluido el español, aún no han aplicado las modificaciones solicitadas.

Ahora se abre un plazo de dos meses para que las autoridades nacionales adopten las medidas correspondientes. De no cumplirse, la Comisión podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE y pedir sanciones financieras.