Luis Arce afirma que con Zapatero no habló de "ningún litigio judicial" en Bolivia
El expresidente de Bolivia, Luis Arce, ha declarado que su vínculo con José Luis Rodríguez Zapatero fue únicamente de carácter institucional, vinculado a la crisis interna del partido MAS, y desconoce la agenda del exmandatario español en Sucre.
Según un comunicado divulgado en Madrid, Arce negó haber tenido alguna gestión relacionada con litigios judiciales contra la empresa peruana Grupo Gloria, luego de que la Policía española señalara que Zapatero habría recibido 200.000 euros entre 2024 y 2025 como pago para intermediar con autoridades bolivianas respecto a asuntos legales del citado conglomerado.
Arce, quien se encuentra en prisión preventiva desde diciembre acusado de malversación durante su gestión como ministro de Economía, negó cualquier implicación en tráfico de influencias que beneficiara a la Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), perteneciente al Grupo Gloria, o a cualquier otra empresa privada.
- Detalle de la relación entre Arce y Zapatero
- Caso Grupo Gloria y SOBOCE
- Conflictos jurídicos y posiciones oficiales
- Participación de terceros en el proceso
Detalle de la relación entre Arce y Zapatero
Arce afirmó que su contacto con Zapatero se limitó a asuntos políticos e institucionales, en particular en el contexto de las negociaciones impulsadas por el Grupo de Puebla para apoyar al Movimiento al Socialismo (MAS) durante la crisis interna previa a las elecciones de 2025.
Durante un encuentro en La Paz en 2024, abordaron la situación política boliviana, incluyendo la postura del expresidente Evo Morales y el llamado a la unidad del movimiento popular, enfatizando la prioridad de los intereses nacionales sobre las disputas personales.
El expresidente boliviano descartó que se hablara en alguna ocasión de litigios judiciales relacionados con SOBOCE y aclaró que no tiene conocimiento sobre las actividades concretas de Zapatero en Sucre.
Caso Grupo Gloria y SOBOCE
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectó interceptaciones telefónicas entre Zapatero y su secretaria, donde se mencionaba la necesidad de comunicarse con el presidente boliviano, en ese periodo Luis Arce.
Este documento fue remitido al juez José Luis Calama, encargado del 'caso Plus Ultra', y señala que el exlíder socialista habría recibido 200.000 euros por sus gestiones para facilitar encuentros entre Grupo Gloria y autoridades bolivianas. Dicho pago se registró bajo un contrato simulado con la sociedad Focus Social Research.
El proceso legal involucra específicamente a SOBOCE, una empresa del Grupo Gloria que enfrenta una demanda por competencia desleal presentada por la Fábrica Nacional de Cementos (FANCESA).
Conflictos jurídicos y posiciones oficiales
Arce aseguró que las discrepancias legales con Grupo Gloria no iniciaron durante su administración y recordó que en noviembre de 2023, Bolivia obtuvo un fallo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) que rechazó una demanda por 269,4 millones de dólares, al determinar que SOBOCE es una compañía boliviana.
El expresidente señaló que esta decisión no resolvió la controversia sobre la compensación que reclama Grupo Gloria por la expropiación de acciones de FANCESA y que el conflicto sigue abierto, debiendo tramitarse conforme a la ley.
Además, mencionó que el exprocurador general, Ricardo Condori Tola, impugnó la resolución judicial que favoreció a SOBOCE en 2025 y que ese caso permanece en análisis en el Tribunal Constitucional Plurinacional desde julio de 2025 sin fallo definitivo.
Destacó que bajo su gobierno no se efectuó ningún pago a SOBOCE relacionado con este proceso.
Participación de terceros en el proceso
Los investigadores señalaron a Ana María Ospina, ejecutiva del Grupo Gloria, como parte activa en la formalización del contrato entre Zapatero y la sociedad presuntamente instrumental. También identificaron a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España, como intermediaria.
Arce puntualizó que Almendras ejerció ese cargo durante la administración de Evo Morales y que no formó parte de su gobierno, desempeñándose en la gobernación de Chuquisaca.
El exmandatario reclamó que cualquier denuncia sea estudiada conforme a los estándares del derecho internacional y la Constitución boliviana, para evitar juicios anticipados y defiende la necesidad de investigaciones imparciales que respeten la presunción de inocencia.
Finalmente, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y afirmó no estar involucrado en tráfico de influencias para favorecer a SOBOCE o cualquier empresa privada.
