España gasta por universitario un 19,5% menos que la OCDE

Archivo - Pupitres de una facultad, en una imagen de archivo
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El informe CYD 2025 indica que el gasto total por estudiante universitario en España se mantiene por debajo de los promedios internacionales. La Fundación CYD recoge que la distancia frente a la OCDE y la Unión Europea sigue siendo relevante.

Los datos comparan la financiación universitaria y el reparto entre aportación pública y privada. También detallan la evolución del gasto público sobre el PIB y la estructura del gasto en las universidades públicas presenciales.

El documento añade diferencias entre comunidades autónomas, tanto en transferencias por estudiante como en recaudación por alumno y esfuerzo relativo de las familias según el PIB per cápita.

  1. Gasto por estudiante y comparativa internacional
  2. Peso de la financiación pública y privada
  3. Evolución del gasto público y objetivo de la LOSU
  4. Estructura del gasto en 2023
  5. Diferencias entre comunidades autónomas

Gasto por estudiante y comparativa internacional

El informe CYD 2025 señala que el gasto total por universitario en España es un 19,5% inferior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La Fundación CYD comunica estos resultados en una nota difundida este jueves.

Según la serie presentada, España continúa por debajo de la media de la UE y de la OCDE en financiación universitaria. En 2022, el gasto total por estudiante fue de 18.369 dólares, lo que supone un 19,5% menos que la media de la OCDE y un 14,5% por debajo del promedio de la Unión Europea.

Peso de la financiación pública y privada

En España, el 65,9% del gasto total destinado a universidades procede del sector público. Esta proporción queda por debajo de la registrada en la OCDE (68%) y, con mayor distancia, de la UE (75,8%).

El estudio subraya un mayor esfuerzo privado en España, vinculado sobre todo a familias y estudiantes. Estas aportaciones representan el 31,8% del gasto total, frente al 19,5% en la UE y el 28,6% en la OCDE.

Evolución del gasto público y objetivo de la LOSU

En los últimos años se observa un incremento del gasto público en universidades. En 2022, esta partida alcanzó el 0,75% del PIB, por encima del 0,69% contabilizado en 2015.

Al mismo tiempo, los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales españolas presentan en 2023 niveles en valor absoluto un 10% inferiores a los de 2009.

El informe recoge que, pese al aumento del gasto público, no se alcanza el 1% marcado como objetivo por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Estructura del gasto en 2023

En la composición del gasto de 2023, la partida de personal concentra la mayor parte de los recursos. A continuación aparecen las inversiones reales en infraestructuras y equipamientos, y después los gastos corrientes en bienes y servicios.

Diferencias entre comunidades autónomas

Más del 80% de las transferencias que recibe el conjunto de universidades públicas presenciales procede de las administraciones autonómicas. El documento indica que esta estructura mantiene una alta dependencia de las comunidades autónomas.

En Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana, el total de transferencias supera los 10.000 euros por estudiante. En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid registra el valor más bajo, con 6.975 euros por alumno, seguida por Extremadura, Andalucía y Cataluña.

En recaudación por alumno, Galicia se sitúa en 1.061 euros y Madrid en 2.052 euros. Tras Galicia, las comunidades con menor recaudación por alumno son Baleares, Asturias y País Vasco. Entre las de mayor recaudación, después de Madrid, figuran Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana.

En términos relativos al PIB per cápita, el esfuerzo de las familias supera el 6% en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria. En cambio, se mantiene por debajo del 4% en País Vasco, Baleares y Galicia.

El informe concluye que el sistema se caracteriza por una dependencia elevada de las comunidades autónomas, lo que dificulta una respuesta coordinada y estable ante retos de sostenibilidad y equidad territorial.